Apuntes en torno al proceso de “reforma” constitucional / Olga Ramos

A esta altura, buena parte del debate que se ha desencadenado a raíz de la propuesta de reforma que presentó el Presidente Hugo Chavez ante la Asamblea Nacional y que, después de haber sido modificada por el poder legislativo, será sometida a referendo consultivo este domingo, se ha centrado en tres aspectos: la validez del mecanismo utilizado, el contenido del articulado propuesto y la acción de lucha más efectiva para quiénes se han declarado en desacuerdo tanto con el contenido, como con el mecanismo utilizado.

Mi reflexión, no va dirigida, sino tangencialmente a alguno de estos aspectos. Esto es así, porque creo que, antes de que se efectúe el referendo consultivo, es necesario colocar algunas cosas en su lugar.

La Constitución de 1999 no es la mejor Constitución del mundo

La primera de ellas, es que, a diferencia de lo que, en más de una oportunidad, han expresado públicamente diversos voceros de la oposición y del oficialismo, para fundamentar su desacuerdo con la propuesta de reforma, creo la Constitución de 1999 no es, ni puede considerarse, como la mejor Constitución del mundo.

No lo es, porque a pesar de que su texto incluye quizá el mejor articulado que en términos de Derechos Humanos podríamos aspirar, no podemos olvidar que esta Constitución establece, entre otras, un sistema profundamente presidencialista y centralista, dando al traste con los esfuerzos de descentralización política que se venían adelantando en Venezuela. Además, sería hipócrita negar o ignorar, a esta altura, que el texto vigente tiene muchos vacíos e incoherencias que hacen difícil su interpretación y que, en muchas oportunidades, nos ha dejado a merced de la arbitraria interpretación de personeros del gobierno o de los magistrados del TSJ. Y finalmente, tenemos que recordar que, a pesar de haber sido producto de un proceso constituyente y refrendada por un referendo consultivo en el que podía participar todo el electorado, la misma nació marcada con el signo de la exclusión y muchos habitantes de esta tierra, tienen sobradas razones para no sentirse identificados con importantes partes de su articulado.

Sin embargo, como muchos hemos sostenido en diversas oportunidades, esta Constitución, la sancionada en 1999, en este momento, constituye el marco normativo fundamental del país y por tanto, como ciudadanos acudimos a ella y tenemos la responsabilidad de defenderla ante cualquier intento de violarla. Eso forma parte de nuestros deberes ciudadanos y de la vocación que deberíamos tener todos por respetar la institucionalidad existente.

Claro está, no se trata de una defensa ciega y a ultranza de la institucionalidad, si, por razones de principios, o de sus consecuencias prácticas, se demuestra que no es la mejor o que definitivamente no funciona. Por eso es que, frente a los defectos y aberraciones normativas que podemos encontrar en ella, como en cualquier texto legal, nuestro deber es ser críticos y proponer su modificación. En este punto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ese fue el motivo que movió tanto al presidente como a los diputados para proponer los cambios que serán sometidos a referendo el domingo. Pero, obviamente, haciendo la salvedad de que también estamos más que seguros de que los arreglos que, en buena parte, ellos pretenden, distan mucho de los que aspira la mayoría de la población venezolana.

Dicho esto, surge un par de preguntas que creo que es imprescindible que todos nos hagamos: Si tuviéramos que hacer modificaciones a la Constitución de 1999 ¿qué le cambiaríamos? ¿se trataría de algo que pudiera resolverse mediante una reforma o los cambios son de tal tenor que requerirían un proceso constituyente? Estas preguntas debimos comenzar a responderlas desde hace mucho tiempo, pero nunca es tarde para hacerlo, ya que su respuesta nos permite, como sociedad, abrir espacios de diálogo, comprensión y entendimiento, entre todos, especialmente con quiénes creemos que podemos tener las mayores diferencias y a partir de ellos, identificar posibles terrenos donde es posible establecer acuerdos. Ambos elementos, indispensables para ayudarnos a salir del atolladero en el que, como país, estamos metidos.

La lucha de oficialistas, opositores y “ni-ni”, coincide en propósito

Lo segundo que hay que poner en su lugar, es el reconocimiento de que, más allá de nuestras inclinaciones políticas actuales, existe un propósito que nos debería unir a todos los venezolanos. Este propósito, que para muchos existía previamente al triunfo electoral de Hugo Chavez en 1998, y que para otros ha sido un descubrimiento de estos últimos años, pero que a todos nos inquieta cada día más, es: la salida de la profunda crisis social, política y económica por la que atraviesa Venezuela.

Y tenemos que reconocer que este es un punto de coincidencia que, a pesar de que cada quién analiza y aborda a su modo, constituye el motor, o uno de los motores, de la acción política tanto de los ciudadanos como de los políticos, de los tres grupos que se puede identificar hoy en Venezuela. Incluso de los que se decantan por “no actuar” o no involucrarse en la política, porque, entre otras, con la “no acción”, tratan de mantenerse al margen y por tanto, de no contribuir, a profundizar lo que, frente a sus ojos, está mal.

Si, aunque no nos guste escucharlo, en esto, coincide Hugo Chavez con Escarrá, Iris Varela con Ramos Allup, Freddy Bernal con Nixon Moreno, o como nos gusta escuchar más en estos días, Hector Rodríguez con Yon Goicochea, pero en definitiva, coincidimos o deberíamos coincidir todos con ellos.

Pero más allá de asumir que es nuestro punto de coincidencia, tenemos también que reconocer que es un propósito cuyo alcance, en la práctica, hemos emprendido desde hace ya muchos años, diversos grupos de ciudadanos, cada quién como ha podido y entendido y que, hasta el momento, ha producido, entre otras cosas:

1. La fuerte crítica a la acción política de los partidos tradicionales, que contribuyó notablemente a su deslegitimación.
2. La extensión de la acción ciudadana organizada que, desde los inicios de la democracia, se daba solamente en algunos sectores de la sociedad, en particular en los sectores populares. Extensión que fue posible gracias a la insurgencia de nuevas formas de organización y de acción ciudadana vinculada al ejercicio de los derechos políticos y que ha permitido, no solamente que esta se manifieste en los más diversos ámbitos del territorio nacional, sino que se exprese en aspectos que tradicionalmente no se reconocían como propios de la acción ciudadana.
3. La producción y puesta en marcha desde el seno mismo del Estado, de iniciativas como la descentralización política y administrativa y la reforma del Estado y de los órganos de la Administración Pública.

Incluso, aunque a muchos se les olvide o no les guste reconocerlo, a esta coincidencia debemos el triunfo de Hugo Chavez en las elecciones de 1998 y su ratificación en procesos electorales posteriores. Triunfo que se origina, en muy buena parte, en la visión que muchos ciudadanos tenían, y probablemente aún tienen, de que la salida a la crisis en Venezuela, sólo es posible, de la mano de un líder que tenga la fuerza y la voluntad para “poner orden”.

No obstante, a pesar de que se trata de un propósito común para la mayoría de los venezolanos, en cuyo logro buena parte de la población ha puesto su empeño, hemos de reconocer que aún estamos muy crudos, que nos falta mucho para lograrlo. Esto, entre otras, es debido a que:

1. La lucha no ha sido mancomunada, sino que se ha convertido en una disputa, entre sectores, por obtener el poder y mantener o ganar ciertos privilegios. Ante la necesidad de reconocimiento del otro y de inclusión, ha dominado un esquema de exclusión de quién piensa diferente. Esto sucede entre partidarios y contrarios al gobierno, pero también sucede a lo interno de cada uno de estos grupos.
2. Los esfuerzos realizados por el actual gobierno, no han apuntado al fondo del problema, y sus prácticas, lejos de contribuir con los cambios necesarios, han reproducido y magnificado las formas de acción y los esquemas que, con mucha razón, hemos rechazado.
3. Todos, en mayor o menor medida, hemos mordido la estrategia de la polarización y con muchas de nuestras actitudes y acciones, la alimentamos a diario.
4. No hemos podido identificar bien cuáles son los problemas de fondo, no tenemos acuerdos sobre ello, pero además, hemos hecho una lectura superficial y parcializada de lo que sucede en el país que nos ha impedido también construir acuerdos mínimos sobre el país que queremos y toda salida a la crisis, está asociada por naturaleza, a la búsqueda de ideales de sociedad.

La reforma y su referendo son sólo el hito del momento

Lo dicho hasta aquí nos lleva a comprender el lugar que debemos darle a la reforma y el referendo asociado a ella. El proceso de “reforma” constitucional y el referendo consultivo sólo constituyen una coyuntura en la dinámica de vida del país y un hito en la lucha por sacar a Venezuela de la crisis que atraviesa.

Esta lógica nos obliga a preguntarnos ¿cómo incide la propuesta de reforma y el proceso emprendido en torno a ella, en la salida a la crisis que Venezuela demanda? Aquí, sin pretender ser exhaustiva, me atrevo a mencionar algunos efectos positivos y negativos que ha tenido el proceso de reforma para el país. Como efectos positivos podemos identificar que:

1. El mecanismo utilizado, pero en especial el contenido de la propuesta, permitió que se expresara un espacio de coincidencia entre sectores que adversan al gobierno y sectores que lo apoyan. Espacio que puede servir como punto de partida para la identificación de los terrenos comunes de acuerdo a los que me referí al comienzo de este texto.
2. Permitió que comenzáramos, de nuevo, a reconocernos unos a otros como actores válidos y necesarios, aunque esto todavía lo hacemos de forma muy oportunista e incipiente. Es decir, reconocemos al otro porque me beneficia su posición, no porque lo considero un interlocutor válido con el que debo y quiero sentarme a construir el país que queremos.
3. Permitió también que los ciudadanos volviéramos a centrar nuestra atención en el país, que retomáramos nuestra preocupación sobre lo que en él pasa, pero lo más importante, que retomáramos el ejercicio de nuestra ciudadanía política.
4. Permitió que se despertara e insurgiera un movimiento y un liderazgo juvenil, con planteamientos frescos, pero serios y profundos, que está marcando ciertas pautas éticas y políticas, no sólo en la oposición, sino también en los sectores que apoyan al gobierno.
5. Por otra parte, permitió que se expresara una divergencia abierta y de planteamientos robustos en el seno de los grupos que apoyan al gobierno y que, de mantenerse allí, permitirá fortalecerlos que es algo también muy necesario para que la dinámica política del país cambie positivamente.
6. Finalmente, permitió que se expusieran abiertamente ciertas prácticas e intenciones por parte del gobierno, que lo hacen más vulnerable frente a sus partidarios y más cuestionable nacional e internacionalmente.

Si nos referimos a los aspectos negativos que este proceso ha ocasionado, podemos citar:

1. El regreso a la utilización, por parte de algunos sectores afectos al gobierno, de la violencia como mecanismo para dirimir las diferencias entre los venezolanos. Y la profundización de la utilización de los organismos de seguridad del Estado para reprimir injustificadamente a las manifestaciones que no favorecen a la posición oficial, construyendo así, en la práctica, un esquema de exclusión por razones políticas, absolutamente indeseable para Venezuela.
2. En algunos sectores de la sociedad, se ha profundizado el odio y la polarización.
3. La profundización de la lógica y las prácticas revolucionarias, así como el afianzamiento de un lenguaje y un simbolismo militar y de guerra. Y en este caso, no me refiero a la lógica revolucionaria desde la visión romántica que tienen algunos respecto a la promoción de cambios políticos de fondo y mucho menos a la visión asociada a los cambios de paradigma que se dan en la ciencia y en la tecnología; me refiero a la lógica revolucionaria acuñada por Lenín y desarrollada por el “Che”, según la cuál, y me perdonan la simplificación por razones de foco y espacio, frente al “Estado Opresor” (que es la naturaleza que reconocen que éste siempre tiene), se requiere crear un contra-poder (que en el caso del Che se identifica como un poder militar y por eso todo el impulso a las milicias y a la formación de los milicianos que se a emprendido desde el gobierno en los últimos años), para que, mediante el proceso revolucionario se destruya al Estado y se cree otro que permita imponer la construcción de la “Sociedad Socialista”. Y en esta lógica se habla de imponer la construcción de la sociedad socialista, porque desde la perspectiva de Lenín, la conciencia de la sociedad reside en una vanguardia intelectual –que sí sabe lo que nos conviene- y quiénes, a través de la acción del Estado, la inoculan a cada uno de los ciudadanos, creando así, al “hombre nuevo”.
4. Y también hemos de apuntar que, por diversas razones asociadas, a sus características actuales, pero fundamentalmente al contenido de la reforma y a las amenazas que del mismo se infieren, los ciudadanos y los grupos que se encuentran en la oposición, poco han sabido aprovechar la coyuntura que nos brindó la propuesta de reforma para avanzar, efectivamente, en la construcción de una alternativa política, es decir, para organizarnos y articularnos, constituir una opción de poder –léase un liderazgo con validez y credibilidad- y una opción de proyecto para sacar de esta crisis a Venezuela y construir un país diferente.

Lo dicho en esta parte, se relaciona con el proceso que se desencadenó con la iniciativa de realizar una “reforma” a la Constitución vigente. Pero también es necesario hacer algunas consideraciones sobre el contenido del texto de la propuesta de “reforma”.

Tres aspectos clave de la propuesta de reforma

Hasta la fecha, muchas personas se han esforzado para analizar el articulado de la propuesta de la reforma y poder señalar sus defectos, amenazas y riesgos. En algunos casos nos han presentado análisis detallados y completos y en otras, se han enfocado en los aspectos que consideran más negativos o riesgosos. En mi caso, sólo pretendo hacer unas consideraciones sobre tres aspectos que considero clave y negativos de la propuesta de reforma. Estos son los siguientes:

1. El aumento concentración del poder que tiene dos claras consecuencias: la primera de ellas es la expropiación a los ciudadanos del poder de decisión en los asuntos públicos, poder que actualmente le consagra el artículo 62 de la Constitución vigente y de la soberanía, que debe residir en el pueblo, por parte del Presidente de la república a través de un esquema que debilita a las instancias descentralizadas y establece la tutela presidencial de los Consejos Comunales; y la segunda es la invasión del ámbito público en el privado derivada de la excesiva reglamentación de asuntos propios de la vida privada y del ejercicio de la ciudadanía política y de los derechos sociales y económicos.
2. La solución de cangrejos institucionales disfrazada mediante la creación de mecanismos paralelos. Esto se ve claramente en la fórmula mediante la cual se pretende dar rango constitucional a las misiones, creando una institucionalidad paralela a la administración pública con la pretensión de que esta tenga beneficios de gestión que no se encuentran en el funcionamiento de la administración pública existente. La creación de este sistema paralelo, además de hacer más engorroso y costoso el funcionamiento del Estado, esconde la incapacidad de este gobierno por promover reformas en la administración pública que permitan mejorar efectivamente su funcionamiento.

Otro ejemplo que se puede citar en este caso y que está muy asociado a la expropiación del poder de los ciudadanos y de la soberanía, es la creación de un entramado de nuevas figuras político-territoriales, con el propósito de garantizar el control del Estado sobre los planes de desarrollo nacional y sobre la justa y equitativa producción del bienestar colectivo en el país. Esta “solución” esconde la incapacidad del gobierno central para coordinar y promover un proceso de planificación y desarrollo nacional, basándose en el trabajo del Consejo Federal de Gobierno y con el concurso de las instancias de gobierno descentralizadas que existen actualmente.

3. La creación de una ilusión de inclusión que se esconde tras la promoción de esquemas excluyentes. En este caso nos referimos al condicionamiento que se hace del ejercicio de derechos y libertades ciudadanas, al asociar los ideales nacionales a la construcción de un sistema socialista. Pero también hacemos referencia a un aspecto poco mencionado en los análisis que sobre el texto de reforma constitucional se han hecho y es la forma como pretende consagrarse el denominado “derecho a la ciudad”.

Para quienes aún no tienen idea de a qué se refiere el mencionado texto con el “derecho a la ciudad”, les adelanto, en una primera pincelada, que se trata del establecimiento del usufructo y el disfrute equitativo de los derechos individuales y colectivos ateniéndose a los principios de sustentabilidad y de justicia social. Este es un derecho en el que diversos grupos han venido trabajando en foros internacionales, a raíz de algunos conceptos emitidos en la Cumbre de la Tierra que se celebró en 1992 y que ha tomado cuerpo en los últimos 5 años en el marco de la celebración del Foro Social Mundial y de otros encuentros internacionales y que actualmente cuenta con el apoyo de autoridades locales y nacionales de diversos países, entre ellos Venezuela y de agencias como Naciones Unidas, UNESCO y el Programa Hábitat.

Uno de los elementos que es importante tomar en consideración en el establecimiento de este derecho, es que en la carta que lo consagra se asumen como “ciudades” a todos los tipos de asentamientos humanos que existen, independientemente del tamaño y del rol estratégico que jueguen en los sistemas de ciudades de los países. Esto permite comprender que el desarrollo de este derecho, no pretende un trato justo e igualitario entre los habitantes de cada ciudad solamente, sino que plantea que es un derecho que debe ser desarrollado por igual para los habitantes de todos los asentamientos, corrigiendo así, no solamente la discriminación intra-ciudad, sino también, entre ciudades.

Sin embargo, cuando leemos el texto del artículo que consagra este derecho en la propuesta de reforma constitucional, encontramos que el mismo se consagra para todos los habitantes de una ciudad, pero con el condicionante de que las características de su disfrute dependerán del “rol estratégico” que la mentada ciudad juegue en el sistema de ciudades. Se trata, sin lugar a dudas, de una redacción que consagra constitucionalmente la inequidad en el disfrute de los derechos ciudadanos basada en la exclusión “estratégica” de los habitantes de acuerdo a la ciudad en la que residen.

¿Qué nos toca hacer ahora?

Más allá de lo que cada quién decida hacer este domingo, a los habitantes de este país nos corresponde convertirnos en verdaderos ciudadanos. La construcción de esta ciudadanía pasa por, al menos, dos cosas, un cambio de actitud frente al país y el asumir que el compromiso forma parte integrante y natural de nuestra condición ciudadana.

La nueva actitud, que en algunos casos ya comienza a evidenciarse, pasa por entender en primer lugar, que nuestro acción frente a lo que sucede en Venezuela no puede restringirse a aspectos meramente coyunturales, sino que tiene un horizonte temporal de largo plazo. Por lo que tenemos que entender y asimilar que nuestro propósito apunta a ayudar a sacar a Venezuela de la grave crisis en la que se encuentra y que por lo tanto, el 2 de diciembre no termina, sino que continúa nuestro trabajo. En este marco, lo primero que podemos hacer es una sincera y profunda reflexión individual y privada que nos permita saber si estamos dispuestos a comprometernos con un propósito tan exigente y de largo plazo; que nos permita saber si superamos el síndrome que ilustra la canción “muerto en Choroní” que refiere la actitud propia de quién cree que lo que sucede en Venezuela no es su problema y que lo único que pide es que lo “dejen en paz”; si lo único que queremos es sacudirnos una “molestia” o si, efectivamente estamos dispuestos a asumir el reto de construir un futuro diferente para el país y en consecuencia, determinar cuánto tiempo y esfuerzo podemos dedicar a ello.

En segundo lugar, el cambio de actitud pasa por asumir que nuestras acciones deben estar enmarcadas en una visión estratégica, lo que significa que todo lo que hagamos cotidianamente, todas nuestras pequeñas acciones políticas, deben estar enmarcadas y dirigidas a la consecución de nuestro propósito y para orientarlas, siempre debemos preguntarnos: ¿cómo incide esta acción o esta estrategia en la salida de la crisis? ¿fortalece o deteriora los espacios de diálogo, reconocimiento, entendimiento y comprensión entre los diversos grupos y en general, entre los ciudadanos? ¿contribuye a fortalecer a los actores políticos y a la dinámica que se da entre ellos? Pero esta visión estratégica también se expresa en que cada acción debe tener un propósito específico y una forma de saber si lo alcanzamos. Como pueden ver, se trata de ejercer nuestra ciudadanía política de forma crítica y consciente y de incluir, de forma permanente este ejercicio en nuestras agendas.

A esto debemos agregar que, en el caso de los ciudadanos que se identifican como parte de los grupos de oposición, también es pertinente que preguntarse: ¿cómo contribuye cada acción a la construcción de una alternativa política? ¿nos permite crecer en organización? ¿nos permite encontrar acuerdos y dibujar mejor un proyecto de país? ¿permite que se perfile un liderazgo robusto y sólido?

Por otra parte, asumir que el compromiso forma parte integrante y natural de nuestra condición ciudadana, pasa por entender y practicar la responsabilidad como norma de vida, lo que implica comprender que la posición y los propósitos que asumimos están asociados a la realización de unas acciones que nadie emprenderá por nosotros; que lo que hagamos o dejemos de hacer tiene consecuencias y tenemos que asumirlas como tales; que nuestro bienestar tiene sentido en el marco del bienestar colectivo y en consecuencia, debemos cambiar el foco con el que miramos al país y al bienestar que en él se construye, poniendo el foco en los espacios de convergencia de los intereses, en la identificación de aquellos aspectos que nos permitirán a todos tener efectivamente un buen vivir. El compromiso y la responsabilidad ciudadana también pasan porque hagamos ejercicios reales de convivencia que implican que seamos capaces de ponernos en los zapatos del otro para comprenderlo, que seamos capaces de aceptarlo tal cual es y también que seamos capaces de aceptarlo cuando piense diferente y que frente a ello, nuestra apuesta sea por la construcción de espacios de encuentro, diálogo y entendimiento con quienes tengamos efectivamente diferencias.

Y en este punto, no podemos evitar recordar que muchos llamados a la unidad se han hecho a lo largo de estos años. Sin embargo, estos no han tenido como consecuencia sino intentos fallidos, porque han tratado de imponerse en momentos en los que se consideraba estratégico exhibirlos; porque han sido demandados a la “dirigencia” o al “liderazgo” político, cuando no estaban sustentados ni siquiera en coincidencias identificadas en las bases de sus movimientos o en la población; y porque su contenido ha estado signado por la conveniencia frente al alcance de objetivos coyunturales y no por su pertinencia en la construcción de una alternativa de proyecto para Venezuela o en la búsqueda de la salida a la crisis que ella atraviesa.

Finalmente, con nuestras palabras y también con nuestras actitudes y acciones, tenemos la responsabilidad y el compromiso de construir un lenguaje y una simbología de paz que nos permita construir acuerdos efectivos y de fondo, contagiar a todos del entusiasmo por construir una salida para el país, pero también neutralizar las consecuencias negativas que la lógica revolucionaria ha venido implantando en Venezuela.

Olga Ramos

28/11/ 2007

olgaramos@cantv.net

Los análisis estadísticos / Olga Ramos

Una de las argumentaciones que se está utilizando en estos días, para promover la abstención, está relacionada con los múltiples problemas que se han observado en el Registro Electoral, es por esta razón que creo que importante hacer algunas consideraciones. La primera de ellas es que estoy totalmente de acuerdo con quienes plantean que es mucho más ético promover el voto diciendo la verdad sobre lo que puede suceder en las elecciones, que escondiendo o disfrazando información. Pero de igual forma, creo que la misma consideración ética se debe aplicar a todas las acciones políticas posibles en este momento, por lo que quienes promueven otro tipo de expresión de descontento político con la propuesta de reforma, como lo es la abstención, deben hacerlo diciendo la verdad sin esconder o manipular data o argumentación, para soportar la apuesta política que se persigue. Esto es algo que todos esperamos de quiénes asumen o pretenden asumir el liderazgo político en Venezuela.

En segundo lugar, quiero recordar que las críticas al Registro Electoral no nacen con este gobierno y que la mayoría de los problemas que se han encontrado en las auditorias que se han realizado en los últimos años, se relacionan con problemas que fueron originados antes de que se iniciara este gobierno y que nos guste o no, muchas de ellas, han tratado de ser solventadas por las últimas administraciones del CNE.

"Hoy un estudiante comió medio pollo y otro no comió ninguno: estadísticamente significa que cada estudiante comió medio pollo hoy"

Más o menos así rezaba un graffitti que podíamos leer en las paredes de una de las escuelas de la UCV a principios de la década de los años ochenta, época en la que era estudiante de la USB y en la que visitaba con frecuencia esa casa de estudios como parte de mi actividad política universitaria. Su contenido habla por sí solo de las críticas que, desde siempre, se han tenido a los análisis estadísticos, pero especialmente al empleo que de ellos se hace. Traigo esto a colación, porque parte de la lógica utilizada por quiénes se apoyan en las críticas al Registro Electoral para el llamado a la abstención, se sustenta en que dichas críticas, han sido realizadas por científicos que se utilizan análisis estadísticos con un alto grado de confiabilidad. Esta condición pareciera que da a estas críticas una validez incuestionable, que nos conduce a concluir que los análisis científicos son inapelables y que ante la "dureza" del análisis de los científicos, los ciudadanos no tenemos nada que decir.

Esto es algo con lo que no puedo estar de acuerdo, porque cualquier análisis científico puede confrontarse con otro. Efectivamente, de eso está hecha la evolución en las ciencias. Y al respecto debo decir que hay más de un grupo de científicos que se ha dedicado a analizar los resultados electorales, desde el referéndum revocatorio en adelante, en la búsqueda de evidencias del fraude electrónico. Muchos de ellos, en los últimos procesos electorales han decidido hacer un aporte efectivo y previo a los procesos electorales, por lo que, se han unido a los equipos técnico-electorales de algunos partidos y agrupaciones políticas para trabajar en los procesos de auditorias previas y de monitoreo del proceso electoral. Otros se han mantenido al margen de la participación en estos equipos pero han seguido con su trabajo y han tenido interacción con diversas personas y organizaciones. Pero también hay otros que han sido tradicionalmente militantes y participan en las filas de algunos partidos políticos. El que se unan o no a los equipos técnico-electorales de algunas organizaciones o que tengan legendaria militancia en las filas de un partido político, o que, sencillamente, se mantengan al margen de cualquier tipo de organización para el ejercicio de su ciudadanía política, no los hace ni mejores ni peores científicos, así como su condición científica no les vacía de contenido político sus análisis o los dota de una condición tal que les permita hacer análisis que estén exentos de intención política.

Es por esta razón que en el análisis del Registro Electoral no podemos quedarnos con el criterio emanado de un grupo de científicos, sino que habría que escucharlos a todos para tomar una posición. En otras palabras, a los ciudadanos nos sale escucharlos a todos y aplicar nuestra capacidad de análisis político para decantar nuestra posición al respecto. Y frente a la lógica argumental emanada por algunos de los que promueven la abstención utilizando para ello un informe presentado en el marco de ESDATA por algunos científicos, creo que es propicio revisar la lógica de análisis planteada por la Dra. Carín Ludeña, quién, además de ser una destacada experta en análisis estadístico y pertenecer a uno de los equipos técnico-electorales que apoyan la labor de algunos grupos y partidos políticos, ha sido reconocida por sus colegas como la persona que ha realizado algunos de los mejores análisis sobre la data electoral que se realizaron, a raíz de la celebración del referendo revocatorio, para tratar de encontrar evidencias de fraude electrónico.

La Dra. Ludeña, en un escrito realizado recientemente con motivo del contenido del informe de ESDATA al que he hecho referencia, afirma que “en efecto el Registro Electoral presenta severas deficiencias, algunas de las cuales son de índole técnico relacionadas con los mecanismos de supervisión, control y actualización de datos a partir del registro de venezolanos cedulados y otras con irregularidades en la base de datos, presentes aun desde antes de 1999, no corregidos y agravados por un manejo administrativo poco profesional”. Sin embargo, sobre el aumento del Registro Electoral que se evidenció entre los años 2004 y 2006, “no existe evidencia, a partir de la comparación de las características poblacionales de los nuevos y viejos electores, de que estos nuevos votantes correspondan a poblaciones fantasmas”, así mismo, la variación del Registro Electoral que se ha presentado entre septiembre de los años 2006 y 2007, “corresponde 102.861 a desincorporaciones por fallecimiento, 263.788 a nuevos inscritos y 328.638 a reubicaciones de las cuales unas 21.000 son involuntarias por cambio de centro de votación (creación de nuevos centros) y el resto corresponde a cambios voluntarios”.

Por otra parte, Ludeña llama la atención sobre la necesidad de tratar con cuidado la información relativa a los problemas denunciados como cambios de nombre o de dirección, ya que esta “no necesariamente se corresponde a la exclusión involuntaria de votantes o a la inclusión de votantes inexistentes”, lo mismo afirma sobre las denuncias de personas con mismo nombre y apellido, debido a que estas pueden ser sólo evidencia de “repetición de nombres comunes”, incluso cuando en estos casos se presenten fechas de nacimiento repetidas, no necesariamente corresponden a irregularidades. Al respecto afirma que “estos casos fueron estudiados por representantes de los partidos políticos tanto en los comicios anteriores como en los presentes sin evidencia de identidades ficticias” “Este tipo de denuncias alcanza a poco más de 200.000 electores”.

Agrega Ludeña en su análisis que “las denuncias correspondientes a la inscripción en el seguro social, o en la listas de telefonía móvil, tampoco pueden ser consideradas evidencia de irregularidades en un país en el cual un porcentaje importante de la economía es informal. En definitiva, que el Registro Electoral requiere de una depuración importante, de una constante vigilancia por parte de la ciudadanía y sobre todo de la creación de mecanismos supervisados de control, auditoria y seguimiento es innegable. Sin embargo, que las anomalías del Registro Electoral nos imposibilitan para participar en este proceso electoral de carácter nacional no tiene mayor sustento en base a los análisis efectuados”.

Pero volviendo al tema de los científicos y sus análisis sobre el Registro Electoral, debo decir que soy de la creencia de que los ciudadanos tenemos mucho que decir frente a los análisis de los científicos por muy bien fundamentados que parezcan, pues estos no son más que análisis que dan cuenta de una parte de la realidad. Es obvio que quién poco o nada sepa sobre los procesos electorales o quién nunca se haya detenido a hacer un análisis de la situación del Registro Electoral o de los procesos electorales, requiere más que buena voluntad y una interesante lógica para hacer un análisis profundo que tenga validez para otros ciudadanos, obviamente una validez que se construiría con elementos diferentes a la inferencia estadística, si la persona no tiene experiencia con ella. Una persona así, requiere estudiar mucho y leer mucho a otros, para poder hacer un análisis profundo y válido como el que esperamos, pero hasta una persona así, haciendo uso de un buen sentido común, puede aportar elementos a la discusión que resulten relevantes a la hora de hacer el análisis que necesitamos todos para tomar la decisión sobre si ir a votar no o no votar.

Y sobre el Registro Electoral, quiero decir algo más, que es algo que tengo años sosteniendo. El problema serio del Registro Electoral es externo al mismo, es un problema asociado al sistema de identificación y cedulación y para corregirlo, se requiere hacer una auditoria profunda a dicho sistema, no al Registro Electoral. Esto será posible en un futuro, pero en este momento no contamos con la voluntad y la fuerza política para lograrlo. Mientras lo logramos tenemos que decidir si ese problema nos impide aceptar al Registro Electoral como válido para la realización de los procesos electorales, y en ese caso, asumo como válido el análisis de la Dra. Ludeña al que me referí con anterioridad.

Finalmente, como ciudadana, frente a los comentarios que hacen muchos analistas avezados en el tema electoral, me pregunto si es posible hacer algo que permita contrarrestar la trampa, si la hubiese. Y la respuesta que encuentro es que entiendo que con las condiciones que tenemos, si logramos que existan testigos en todas las mesas y que los mismos se queden hasta el final, pero además, si logramos que la gente vaya a votar y corrobore el contenido de su boleta antes de depositarla, podemos garantizar la defensa del voto. Si el gobierno hace trampa electrónica, la apertura de las cajas lo dirá. Si trata de hacer trampa manual, los testigos de las mesas estarán allí para impedirla. Los científicos dicen que la apertura de las cajas que está prevista para más del 50% de los centros al finalizar la votación, es más que suficiente para garantizar la validez estadística de los resultados electorales. No hace falta hacer el conteo voto a voto. Sólo es necesario que la gente que vote NO, esté seguro de que la papeleta que deposita dice NO y NO y que los testigos estén en las mesas durante todo el proceso, incluso en la apertura de las cajas. El resto, es un problema de acción política, no es un problema técnico-electoral.

Y digo esto en contraposición a quiénes se empeñan en que es necesario hacer una auditoria exhaustiva de todo el sistema automatizado, con la certeza de quién, desde el referéndum aprobatorio de la constitución, cuando participaba activamente en la observación desde la Red de Veedores, ha estado con diversos grupos y en diversos escenarios, analizando y discutiendo los problemas y riesgos del fraude electrónico. Después de todos estos años, entiendo que la parte automatizada de los procesos electorales es tan delicada y frágil que la única manera de monitorearla y de que ello sirva para algo, está en el conteo de las papeletas, porque de resto, son muchas las variables que inciden y que siempre estarán fuera de nuestro alcance. El conteo de las papeletas lo tenemos, no con carácter vinculante como querríamos, pero lo tenemos, y por tanto, tenemos que echar mano de él, ya que constituye la herramienta que nos permitirá poner en evidencia la existencia de una trampa electrónica. Eso es lo que me lleva a sostener lo dicho anteriormente y a plantear que el resto es un problema de acción política y no técnico-electoral.

Y hablando de acción política, creo que hemos perdido una buena oportunidad para apuntar al problema de fondo que podemos identificar como “fraude electoral”; de poner sobre la mesa lo que realmente está afectando nuestra capacidad de elegir, lo que está dando al trasto con el derecho al voto, como derecho político. Hemos perdido la oportunidad de sustanciar con pruebas, denuncias formales en mano, el abuso de poder del que hace gala el gobierno para obligar a la gente a emitir un voto con el que no esta de acuerdo, para comprar votos y para utilizar el dinero del Estado en campaña. Este es un problema que sí se puede atacar, como por ejemplo, lo esta haciendo hoy una representante del oficialismo al presentar una denuncia ante el CNE por la utilización, por parte de la gobernación del Zulia, de recursos públicos para financiar la campaña del NO en su Estado. Pero, al parecer, dado lo público y notorio de ese problema, no resulta del interés de los grupos que se oponen a la reforma, ya que, ninguno se ha dedicado a hacer un análisis de estos abusos, acompañado de denuncias documentadas que den pie para sentar un precedente que sea ventilado primero por el CNE, luego por las cortes nacionales y si no se logra efecto alguno, que sea ventilado en las instancias internacionales pertinentes. Claro está, a lo mejor no resulta atractivo, porque este es un trabajo que tendrá efectos seguros en el largo plazo y que dependerá de la constancia de quién lo emprenda. Esta, que podría ser una tarea a desarrollar en futuros procesos electorales, puede muy bien ser desarrollada, si no por los partidos políticos, por organizaciones como SUMATE o la Red de Veedores que nacieron con el propósito de defender el derecho de los ciudadanos a ejercer el voto y a elegir.

Por cierto, un dato curioso sobre los científicos y el proceso electoral para el cierre. Algo que es del conocimiento público, pero que parece que muchos olvidamos con frecuencia es que una de las personas con mejor y más actualizada formación científica sobre sistemas electorales en Venezuela es Tibisay Lucena, quién ejerce actualmente como Presidente del CNE. Ella, antes de convertirse en la asesora de la constituyente encargada de diseñar "el poder electoral", se encontraba en Estado Unidos realizando estudios de doctorado sobre sistemas electorales. Así que, por paradójico que suene, tenemos en este momento a cargo del máximo ente del poder electoral a la persona con una de las mayores credenciales académicas sobre sistemas electorales del país y hemos tenido la fortuna de que ella haya sido además de la "creadora" del marco constitucional que lo sustenta, quién desde el CNE, primero como técnico y luego como rectora, se haya encargado de ponerlo en práctica.