Intentando exorcizar el escalofrío de la violencia

A la memoria de Gonzalo Jaurena y 

de Jesús Eduardo Ramírez Bello, 

dos caras de una triste moneda

Días como hoy hacen presente el escalofrío sentido cuando nos enteramos de la "masacre de tazón" en 1985, el mismo sentido unos años más tarde cuando la policía detuvo manifestando a Gonzalo Jaurena, lo torturó y devolvió a su familia asesinado...

El escalofrío que en esa época sentimos muchos, ante la terrible muerte del "Hippie" quién fue víctima de sus amigos, los encapuchados, que lo entusiasmaron, a quiénes inocente y románticamente acompañó, y quiénes, sin proponérselo, le quitaron, de un tiro, la vida...

El mismo que también sentimos, cuando un salvaje pesado merideño, cegó de un tiro la vida a un estudiante, sólo porque se atrevió a orinar en la esquina de su casa...

O también el sentido cuando fuimos al Congreso Nacional y coincidió nuestra visita con la denuncia de unos torturados por razones políticas, quienes mostraban a Diputados y Senadores sus torsos morados, porque fueron molidos a coñazos en la DISIP...

También fue el mismo escalofrío sentido cuando nos apuntaba una pistola de la DIM a la cabeza, mientras un agente de civil nos pedía la cédula y nos dejaba seguir porque, creemos nosotros, no cabíamos en el Jeep en el que se llevaron detenidos a 4 de nuestros compañeros, que por largas horas no existían para los cuerpos de seguridad y sólo supimos dónde estaban detenidos, gracias a la amable y solidaria intermediación del Rector de la USB y de unos Diputados masistas.

Por cierto, nada diferente al escalofrío sentido cuando metieron preso a Tony y lo golpearon para tratar de que contara algo sobre lo que nada sabía...

Ese escalofrío que sigue grabado en mis recuerdos, también debería estarlo en muchos de los que hoy justifican o taparean salvajadas similares desde el gobierno.

Claro, ese escalofrío, pero más profundo, está también grabado en mis recuerdos del primer día en el que los grupos violentos del oficialismo decidieron que tenían derecho a atacar cualquier manifestación de protesta que en el país se hiciera. Ese día estábamos en el TSJ, acompañando al Sr Merhi en una huelga de hambre y llegó Lina Ron con sus grupos a atacarnos. Era como si pretendieran marcar el territorio y tomarlo por la fuerza. Y de hecho eso hicieron!

Ese día se instauró la violencia en las calles y la ciudad comenzó a fraccionarse en especies de ghettos…

Desde ese día, lo queramos aceptar o no, los violentos, guapos y apoyaos, nos declararon abierta y descaradamente la guerra.

Desde ese día el escalofrío es una sensación casi permanente y mi corazón se declaró de luto porque agonizan la paz y la democracia.

Pero ese día también tiene sus antecedentes en aquellos días de mediados a finales de los años ochenta, cuando el escalofrío lo sentíamos por el abuso de poder de los gobiernos, pero también por las manifestaciones que vaticinaban lo que hoy tenemos, el abuso de la fuerza y de la violencia.

Abuso que nos hizo sentir un profundo escalofrío la noche que estábamos en la FCU de la UCV en una reunión nacional y llegó un compañero con la cabeza reventada gracias a un cachazo que, por arrechera, le propinara uno de los miembros del violento grupo Venceremos que, en ese momento, hacía vida en esa casa de estudios.

O que sentían a diario los estudiantes de la UCV cuando los encapuchados armados caminaban libre y retadoramente por los pasillos o por la tierra de nadie, amedrentándolos sólo para demostrar que ellos eran los que mandaban en esos predios…

O cuando los llamados “los 12 del patíbulo” celebraban sus episodios de "foquismo", sus capítulos de su "lucha armada", regularmente los jueves... de ellos, recuerdo con especial escalofrío, el día que hirieron a Ingrid quién, estudiaba en la UCV, pero por precaución y porque no pudo entrar a tiempo, estaba viendo la manifestación desde afuera, detrás de la policía y a quién, desde su alma máter, alcanzó una revolucionaria bala…

Ellos, los que siempre se defendían diciendo que no tenían armas, protagonizaron el evento que, de todos esos, recuerdo con más escalofrío: el día que, en medio de uno de los tristes “capítulos de la lucha armada”, la herida fue una niña de 8 años, a quién la bala le llegó, como a Ingrid, desde dentro de la casa de estudios, pero le pegó por la espalda...

Allí estaba el germen de lo que vivimos en estos días y quizá, algunos no recuerden el escalofrío porque no lo sintieron y también quizá, para muchos otros, el escalofrío que compartimos, sólo lo sintieron porque, en ese momento, estaban de este lado de la cerca…

Olga Ramos
09122009 (en la madrugada)

Presentación Sobre Unidad / Ricardo Sucre

Para que todos puedan conocer la presentación del amigo @rsucre sobre unidad. Las láminas a continuación:

Comentarios y preguntas a @rsucre por twitter.

Ideas sueltas sobre la unidad para las parlamentarias / Olga Ramos

Como en todos lados, un tema que ha acaparado la atención de buena parte de los twitteros venezolanos en estos días, es la construcción de una opción de unidad para las elecciones parlamentarias. El tema es muy amplio, por lo que tratar de abarcarlo por completo, es demasiado ambicioso, además, lo complejo del mismo, hace que no sea fácil presentar un cuerpo estructurado de ideas que no resulte superficial o incompleto. Así que me limitaré a exponer algunas ideas sueltas sobre la unidad que espero contribuyan a la discusión.

Pero antes de entrar de lleno en los temas propios de la construcción de la unidad para las elecciones parlamentarias, es importante hacer unas consideraciones previas.

La primera consideración previa es la naturaleza de la lucha que vivimos en Venezuela. A riesgo de dejar algunos puntos de vista en el tintero, pero sin la pretensión de abarcar todos los existentes, me atrevo a decir que, en términos de la naturaleza de la lucha que vivimos, podemos identificar varias opciones. Para algunos, se trata de una simple lucha en contra de un gobierno que le resulta como una especie de piedra en el zapato para lograr sus objetivos; para otros, se trata de una lucha en contra de un gobierno y un proyecto político específico que no comparten; para algunos otros, se trata de una lucha de los sectores democráticos versus los sectores no democráticos del país (en este caso coexisten varias visiones de lo que es y debe ser “democrático” en la dinámica política nacional); y para los otros, entre los que me encuentro, se trata de una lucha por la salida de Venezuela de la crisis político-económica y social en la que se encuentra desde hace bastante más de 10 años. La naturaleza de la lucha se desprende de una visión diferente del problema frente al que nos encontramos y obviamente, marca de forma crucial y definitiva, tanto los objetivos que se persiguen, como los mecanismos que se utilizan para alcanzarlos. Esto hace que, en buena parte de nuestras discusiones, pareciera que estamos hablando de las mismas cosas, pero como efectivamente se parte de visiones distintas, los mecanismos y los acuerdos que se consideran válidos, terminan siendo bien diferentes.

Y aunque parezca de perogrullo decirlo, si no tenemos claro que existen estas diferencias y trabajamos para acordarnos en torno a la visión del problema y la naturaleza de la lucha, todo lo que hagamos tendrá problemas de eficacia y efectividad y siempre parecerá que cada quién está halando para un lado, porque, realmente, eso es lo que estamos haciendo. Afortunadamente, las diversas naturalezas de la lucha identificadas, se tocan en algunos puntos y eso nos ha permitido, hasta ahora, pasar por coherentes e instrumentar acciones conjuntas y nos lo seguirá permitiendo, sin embargo, siempre a costa de nuestra eficacia.

La segunda consideración previa es relativa al ámbito más apropiado para trabajar en esta lucha y que determina el foco estratégico que se le da a la misma. No es una novedad que la mayoría de la gente considera de importancia estratégica para la lucha que está librando, el acceso al poder en el nivel nacional de gobierno, esto se ha enfatizado en los últimos años, en especial por las prácticas de concentración del poder y de manejo de los recursos, de los que se ha valido el ejecutivo nacional para minimizar la capacidad de acción y la fuerza de gobiernos regionales y locales. Obviamente tenemos que estar claros en que el uso y manejo de los recursos y las reglas del juego que se hacen desde el nivel nacional, restringen la capacidad de maniobra de los gobiernos regionales y locales. Pero, a pesar de tener eso como premisa, el espacio local, es el espacio de convivencia por excelencia, en el que se concretan cotidianamente las necesidades de la población y se experimentan las consecuencias de las respuestas que a ellas se dé, a través de las políticas públicas desarrolladas en todos los niveles de gobierno. Por ello, ya sea para la construcción de una sociedad efectivamente democrática, para combatir un proyecto político no compartido o para la salida de la crisis del país y la reconstrucción de la unidad nacional, de la paz y de la gobernabilidad, la cohesión y el buen manejo de lo local, es de importancia capital. Sin ello, no tenemos muchas posibilidades de alcanzar los objetivos macro. En este marco cabe reflexionar sobre el lugar que ocupa la elección de la AN en las estrategias de nuestras luchas (el plural responde a la diversidad de naturalezas de la lucha antes identificadas) algo que, por obvio, puede no parecer importante.

Para ello, haré algunas precisiones:

1. Lo primero que quiero precisar es que aunque la AN es un órgano legislativo estratégico e importantísimo para la vida del país, no es el único. Están los Consejos Legislativos Estadales y los Concejos Municipales que, en términos del impacto que pueden tener en la calidad de vida de las personas, son instancias con un valor estratégico nada despreciable.
2. Lo segundo que es importante precisar, es que en términos de intermediación entre el gobierno municipal y los ciudadanos, las Juntas Parroquiales cobran una importancia significativa, por la función que tienen, a pesar de que ésta ha tratado de ser minimizada con la creación de los Consejos Comunales. Sin embargo, es importante tener en cuenta la diferencia: los Consejos Comunales tienen una relación de intermediación teórica con los gobiernos locales a través del Consejo Local de Planificación, pero fundamentalmente y en la práctica, su relación de intermediación es con el ejecutivo nacional, por lo que su valor estratégico para el gobierno central es elevado, mientras que los gobiernos locales pueden apoyarse en las Juntas Parroquiales para mantener claros y efectivos canales de comunicación con la población.
3. Finalmente, es necesario precisar que en el 2010 se realizarán las elecciones para escoger a los diputados de la AN, pero también las de los Concejos Municipales y las Juntas Parroquiales de todo el país. En el 2005 la cantidad de Concejales y miembros de las Juntas Parroquiales electos fueron 2.389 y 3.207 respectivamente. Para las próximas elecciones las cifras pueden ser similares. Esto implica la necesidad de contar con casi 6.000 personas con capacidad y vocación de servicio, pero también con ambición de poder que estén dispuestos a asumir el reto de lanzar su candidatura a estos espacios y que una vez electos, lo estén a realizar la más impecable y mejor de las gestiones.

De allí que, para la construcción de una estrategia de lucha que pueda dar resultados efectivos y sostenibles a largo plazo, es necesario replantearse el peso que están otorgando, tanto los ciudadanos de a pié, como los militantes y simpatizantes de las organizaciones políticas, a estos dos eventos electorales y a la construcción de opciones de unidad en torno a ellos.

Hechas estas consideraciones, entrar en el terreno de la discusión sobre la construcción de la unidad para las próximas elecciones, desde mi punto de vista, no está relacionado con hacer apreciaciones o lanzar argumentos a favor o en contra de las primarias versus los acuerdos o sobre los beneficios del uso de la tarjeta única, sino con analizar y discutir cómo se están sentando las bases para la construcción de esa unidad. Ante ello, tengo algunas preguntas que pueden ser generadoras del debate necesario, en buena parte ausente, hasta el momento:

1. ¿Se trata de un acuerdo de unidad coyuntural para abordar unas elecciones (la de la AN y las de Concejos Municipales y Juntas Parroquiales) o de un acuerdo de unidad más allá de la coyuntura? La respuesta a esta pregunta, independientemente de las diversas naturalezas de la lucha identificadas al comienzo de estas notas, definirá el tipo de unidad que se requiere construir, las características del proceso y las instancias en las que ésta se puede dar. En este caso, para mi, obviamente, debe tratarse de un acuerdo de unidad que trascienda la coyuntura electoral, pero si como país, aún no estamos listos para dar ese paso, no podemos condenar a priori, el que se trate de un acuerdo coyuntural para las próximas elecciones, lo que si tenemos que hacer es tenerlo claro y trabajar con esa premisa, para lograrlo en las mejores condiciones posibles.
2. ¿Quién construye las premisas sobre las que debe fundarse ese acuerdo de unidad? En muchos escenarios se discuten las premisas sobre las que debe fundarse el acuerdo, pero en ninguno, salvo un par de excepciones circunstanciales, se plantea abiertamente la discusión sobre ¿quién debe definir esas premisas? y ¿en qué espacio deben ser definidas? Esto sucede así, entre otras cosas, porque para algunos, parece estar claro que el espacio para definir las premisas sobre las que se funde la unidad, existe y es el constituido por los partidos, denominado “mesa de la unidad”. Pero para otros, esto no está tan claro y a pesar de que formalmente no proponen un espacio alternativo, utilizan varias estrategias para promoverlo de facto. Estas estrategias son de dos tipos, por una parte, están las que promueven alianzas alternas, ya sean virtuales o presenciales, de base o de élite, me refiero a la promoción de reuniones, encuentros e intercambios de diversa naturaleza con los que se persigue generar posiciones que “obliguen” a los diversos sectores políticos a ampliar la base sobre la que se construye la unidad o a incorporar elementos en la agenda de debate y decisión; y por la otra, están las que se concentran sólo en promover agendas alternas utilizando diversos medios de comunicación para imponer, vía “opinión pública mediática”, las premisas sobre las que se debe sustentar el acuerdo o alguna de las características que debe tomar el mismo.
Obviamente, el uso de las estrategias de los dos tipos no es excluyente, y ha de reconocerse que todas son “políticamente” válidas. Sin embargo, esto no quiere decir que su uso sea incuestionable, ya que sus consecuencias, positivas y negativas, ya se pueden apreciar, tanto en la propia dinámica de definición del espacio y las reglas del juego, como en la credibilidad de los actores que las emplean, pero también se aprecian y se podrán apreciar, en la calidad de los productos que del uso de ellas se obtenga -esto incluye a las candidaturas-, y también en la confianza que se genere, se mine o se deje de construir, en esta parte de la sociedad política y que afectará la credibilidad en la dinámica política que somos capaces de desarrollar, más allá de los procesos electorales.
3. Por otra parte, trátese de un acuerdo coyuntural-electoral o trascendente, no se puede concertar la unidad sin tener claro ¿para qué? esto es, sin establecer la agenda de trabajo que se promoverá a lo largo del proceso. La agenda es la que le da cohesión y sentido a la construcción de la unidad y al posicionamiento de una opción diferente de poder (sea ésta una agenda para construir una sociedad efectivamente más democrática, un proyecto político alternativo o una real salida a la crisis) A este punto, al parecer, no se le está dando la importancia que debe tener en las luchas existentes, se le trata de forma superficial o se posterga su definición, como si existiera un proyecto de país sobre el que todos estuviéramos de acuerdo y lo que estuviese en construcción fuese sólo la estrategia para alcanzarlo. Como colectivo actuamos como si compartiéramos las premisas de sociedad que queremos alcanzar, sin darnos cuenta de que nuestro mayor acuerdo, casi nuestro único acuerdo, es sobre la identificación de los problemas que vivimos o que nos afectan, cosa que paradójicamente es un gran-pequeño paso.
Este menosprecio que en la práctica le damos a la definición del ¿para qué?, nos impide ver su potencial transformador, ya que, aunque la unidad en este momento, se tratara de un acuerdo coyuntural y se tuvieran muy bajas expectativas de triunfo, si existiera una clara agenda legislativa, nacional y local, su promoción constituiría un propósito estratégico de lucha que abonaría el terreno con creces a cualquier proceso de transformación que se quisiera emprender, porque permitiría, entre otras cosas, poner en la agenda pública los temas y las alternativas que nos permitirían construir una Venezuela diferente y centrar la atención de la gente sobre ellos.
4. Otro elemento asociado a las bases sobre las que se debe fundamentar la unidad, es el compromiso de todos los actores para respetar y llevar a cabo los acuerdos. Esto incluye a los “líderes” de la unidad, a los candidatos que sean resultantes de la misma y también a todos los ciudadanos. No podemos participar en un proceso de construcción de la unidad, con la premisa de que, frente a las diferencias, en lugar de aumentar los esfuerzos por resolverlas, alguien se levantará y pateará la mesa. De hecho, no podemos construir unidad sin que exista un compromiso explícito de respeto a la estrategia y las acciones que de ella se desprendan. Compromiso que debe traducirse en dos cosas fundamentales: un esfuerzo sostenido por lograr de verdad que los acuerdos alcanzados, los objetivos propuestos y la agenda de trabajo, se lleven a cabo; y la garantía explícita de no jugar “por la libre” cuando se vea la oportunidad de sacar dividendos personales o grupales, poniendo de lado los intereses colectivos legítimamente acordados en la unidad. Pero este compromiso, no es ni debe ser sólo de los candidatos o de la llamada “dirigencia”, sino de toda la ciudadanía que pretenda inscribirse en este proceso de construcción de unidad, ya que, muchas veces, los esfuerzos son desequilibrados y la omisión de un sector, o de la mayoría de la ciudadanía, es la que lleva al fracaso una buena estrategia propuesta. Ejemplos de ello, tenemos para regalar.
De la mano del compromiso, está la construcción de la confianza en un ambiente de desconfianza colectiva, por lo que un proceso que se desarrolle en él, debe contar, con compromisos éticos y de acción declarados y suscritos, por una parte, pero, por la otra, con la confianza como regla de juego obligada. Confianza y compromiso deben ser un binomio indisoluble sobre el cual construir una dinámica política diferente.
Está claro que frente a un ambiente de desconfianza colectiva como el que vivimos, tenemos, al menos dos opciones, caer en la tentación de una lógica maniquea que divide al mundo en buenos y malos, en interesados en los beneficios particulares versus los interesados en los beneficios colectivos; o trabajar por construir un ambiente de confianza, basándonos por una parte, en que podemos tener, y efectivamente tenemos, diversos puntos de vista sobre lo que sucede y cómo resolverlo; en que nadie es infalible, por lo que cualquiera puede equivocarse tanto es sus apreciaciones como en la estrategia que sigue o propone; y por la otra, en los compromisos explícitos y suscritos, así como en la firme decisión de confiar en el otro, porque como decía Isabel esta mañana, para construir un país diferente, es preferible confiar y equivocarse que no confiar. En este caso, las preguntas serían: ¿Qué tan dispuestos estamos a confiar en el otro y a respetar, de hecho, las diferencias? y ¿Qué tanto estamos dispuestos a asumir y suscribir los compromisos que se desprendan del acuerdo de unidad? -una forma de hacernos esta pregunta como ciudadanos es ¿qué tan dispuestos estamos a votar por los candidatos que nos correspondan, así no hayan sido los que más nos gustaban o no se haya utilizado el método de selección de nuestra preferencia?

La construcción de un acuerdo de unidad para las elecciones de 2010, es un escenario más que propicio para abordar algunos de estos temas, dejar de tratarlos como acuerdos “implícitos” y avanzar sobre ellos. Sin embargo, lograrlo o no, requiere el concurso de todos y depende de que logremos centrar los debates en lo esencial y superar la dinámica de “oídos sordos”, como la que tenemos actualmente en torno a los mecanismos de selección de los candidatos. Pero también depende de que aceptemos la diversidad, nos abramos realmente al debate y dejemos de tratar nuestro punto de vista como “el verdadero”, como la panacea dogmáticamente irrefutable con la que convenceremos e iluminaremos al resto de la humanidad. Si no lo logramos esta vez, aunque lo tratemos como “materia vista”, quedará efectivamente como materia pendiente, que seguramente servirá de aprendizaje a generaciones futuras.

Olga Ramos
03112009

Observaciones al Proyecto de Ley Orgánica de Educación (parte 2) / Olga Ramos (Asamblea de Educación)

Después de leer la última versión publicada por la Asamblea Nacional, por vía electrónica, se pueden apreciar algunos cambios, sobre los que haré algunos comentarios:

1. En los primeros 3 artículos, no se observa, ningún cambio, pero en el artículo 4, el que contiene la definición del Estado Docente, se agregó la siguiente frase “el Estado Docente se rige por los principios de cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”. Se entiende que una frase así, agregada al artículo en el que se define la naturaleza de la relación entre el Estado y el sistema educativo, indica que, en su actuación, seguirá esos principios y por tanto, debe estar recogido ese espíritu en el resto del texto legal y en los instrumentos de menor jerarquía que lo desarrollen. Estos principios se deben aplicar, tanto para la actuación que tengan las diversas instancias del Estado entre sí, como para la relación que se desarrolle entre el Estado y los otros agentes educativos. En este caso, es importante resaltar, que el espíritu de esos principios indica un tono en el tipo de disposiciones que se deben incluir en la ley, que no es precisamente el que se desarrolla en buena parte del resto del articulado.

2. Otro artículo que sufrió modificaciones que vale la pena comentar, es el artículo 5, el referido a las competencias del Estado Docente. En este caso las modificaciones a comentar, son dos:
a. En la sección 3, la relativa a planificación, ejecución y coordinación de políticas y programas, en el ordinal “b”, desapareció la mención a la “ley especial” que establecería la obligación del ejercicio profesional de los egresados universitarios en el país. Obviamente, en algunos legisladores, existe la idea de elaborar y aprobar una ley especial al respecto y nos preguntamos cuál es el propósito de la misma y si la desaparición de la mención en este artículo, significa que se desechó como idea o simplemente, se postergó su inclusión en el entramado de normas que legislarán los aspectos relativos a la educación en Venezuela.
b. En la misma sección 3, pero en el ordinal “g”, se agrega, a la actualización del currículo nacional, como objeto de las políticas y programas que adelantará el Estado, los textos escolares y los recursos didácticos. Tal como quedó la redacción, tanto el currículo, como los textos y los recursos didácticos, serán de “obligatoria aplicación” para la Educación Básica, lo que quiere decir, que con una frase, se decreta, con rango de Ley Orgánica, el uso de textos escolares y recursos didácticos como obligatorios. La presencia de esta disposición en el texto de la ley, no puede resultar una sorpresa debido a que, en los últimos 3 años, el ministerio de educación ha hecho anuncios concretos de la producción de textos escolares que serían de obligatorio uso en el sistema educativo. Sin embargo, es importante resaltar dos cosas: la primera es la inclusión de los recursos didácticos como insumos de uso obligatorio, lo cual restringe, la libertad de la actuación docente en el aula, a la vez que atenta contra el derecho de todos a tener una educación de calidad, ya que, sabemos que para lograr una educación de calidad para todos, los procesos que se desarrollen en las escuelas tienen que considerar la diversidad de los alumnos, sus necesidades peculiares y las diferencias individuales, por lo que establecer recursos didácticos de uso obligatorio, es un contrasentido. Y por otra parte, sabemos que la formación de un pensamiento crítico y el desarrollo de competencias asociadas al manejo y análisis de información, se favorece con el uso de diversas fuentes de información en el aula y fuera de ella, por lo que la restricción de los textos escolares a los obligatorios, es un considerable retroceso en la dinámica pedagógica de la educación básica en Venezuela.

3. En la segunda versión del texto, se incluyó una serie de artículos relativos a los medios de comunicación. Estos son, el artículo 8 y el numeral 12 del artículo 50 de forma directa y el artículo 9 que está dirigido a regular a cualquier medio utilizado por las personas, pero atañe directamente a los medios de comunicación también. De esta forma, si tomamos todos los artículos que tienen que ver con los medios de comunicación en el texto de la ley (5, 8, 9 y 50), tenemos una perspectiva que varía solamente en algunos aspectos con lo establecido en la actual LOE, ya que, en ella, los Medios son vistos como instrumentos esenciales para desarrollar el proceso educativo y como tales, se plantea que el Estado desarrolle y estimule realización de programas a través de éstos para capacitar a las familias y a la sociedad en la orientación a menores, para el tratamiento de las actividades y programas de la educación especial y para el desarrollo de la educación extraescolar. Además, en términos generales, se establece que el Ministerio de Educación orientará, para su incorporación en la labor educativa, a los medios de comunicación que están dirigidos por el Estado, pero el resto de los medios están obligados a cooperar con la tarea educativa y a “ajustar su programación para el logro de los fines y objetivos consagrados en la presente ley”.
En la propuesta de la AN, se inicia con una consideración especial a los medios de comunicación, incluida en la primera parte del artículo 5, en el que el Estado se compromete a garantizar las condiciones para lograr la articulación entre los medios y la educación, con el propósito de desarrollar “pensamiento crítico, la capacidad para hacer preguntas y construir mediaciones de forma permanente entre las familias, la escuela, y la comunidad”. Esta consideración pareciera un avance frente a lo establecido en la LOE vigente. Sin embargo, en las otras secciones del artículo 5 y en el artículo 8, se incluyen disposiciones que establecen directamente la intervención del Estado en la programación de los medios, no con el fin de orientar en función de la cooperación que debe existir entre Estado y medios de comunicación, de acuerdo al “espíritu” del Estado Docente definido en el artículo 4 del proyecto, sino, de intervenir directamente obligándolos a ceder espacios de su programación y estableciendo la capacidad del Estado para “democratizar” el acceso a los medios. Estas disposiciones se complementan, con la capacidad que se da al Ministerio de Educación y demás órganos rectores del sistema, en el numeral 12 del artículo 50, para solicitar la suspensión de actividades o publicaciones, cuando, sin debido proceso mediante, este considere que sus contenidos “produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres, la salud mental y física de la población”.

4. Relacionado con esto último, otro aspecto que llamó poderosamente la atención de las modificaciones al texto propuesto en la AN, es la inclusión del artículo 50, en el que se establece, como parte de las disposiciones transitorias un “régimen sancionatorio”. Al respecto, cabe resaltar, que es natural que, al derogar la LOE vigente con la aprobación del texto propuesto por la AN, quedarán algunos vacíos legales, dada la diferente naturaleza de ambos instrumentos legales (diferencia que ya se señaló en la primera parte de las observaciones) lo que ratifica lo inconveniente del cambio de la naturaleza del instrumento legal promovido por la AN. Sin embargo, incluir un artículo para establecer un régimen sancionatorio, así sea en las disposiciones transitorias, en primer lugar, es contrario al espíritu y esencia de una “ley marco” y en segundo lugar, no es la única forma de resolver los vacíos dejados por ese “error” legislativo. Una opción que se puede emplear, es la inclusión de una disposición transitoria que deje vigentes algunos de los aspectos de la LOE actual, mientras está elaborada y sancionada toda la legislación especial que se anuncia en el texto propuesto. Esto permitiría que el régimen disciplinario establecido en la LOE vigente y en su reglamento, se mantenga. Sin embargo, en ese articulado, no existen sanciones previstas para los medios de comunicación, ni para las instituciones de educación de dependencia privada, que son, la parece, el motivo de la inclusión del artículo 50 en el proyecto. Es importante, tener en consideración que, si se hace imperativa la inclusión en el proyecto de mecanismos de sanción para los medios de comunicación y para las instituciones educativas privadas, a tal nivel que se llega a romper con la lógica de una ley marco, en cuanto el tipo de normas que un instrumento de este tipo debe incluir, esto prefigura una intención de actuación del Estado, en lo que se apruebe y entre en vigencia el nuevo instrumento normativo.
Por cierto, en contraste con esta disposición, y llama poderosamente la atención que no se incluyan disposiciones en el “régimen sancionatorio”, relativas a la realización de las actividades de propaganda y proselitismo político que se prohíben en el artículo 10 del texto propuesto y que en este caso, se deje el desarrollo de este aspecto de la normativa a las leyes especiales y sus reglamentos, pero especialmente, llama la atención que en dicho artículo se diga que las “excepciones” a esa norma, serán desarrolladas a posteriori, lo que indica, a todas luces, la intención de establecer “excepciones”.

Hasta aquí esta segunda entrega. En las próximas horas continuaré con el análisis.

Olga Ramos (olgaramos62@gmail.com)
Asamblea de Educación (asambleadeducacion@gmail.com)
10 de agosto de 2009

Comentarios al texto de Ley Orgánica de Educación presentado el 5 de agosto de 2009 ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional

Primera parte/Olga Ramos

Ayer, 5 de agosto de 2009, los Diputados de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, fueron sorprendidos al entregárseles, casi directamente para la discusión, el tan esperado proyecto de Ley Orgánica de Educación. Obviamente, la sorpresa fue debida a que, hasta antes de ayer, no era conocido, ni por el país, ni por ellos, articulado alguno, a pesar de que en reiteradas oportunidades, la presidenta de la comisión, Diputada María de Queipo, anunció que esta semana lo presentaría ante la plenaria de dicha comisión para su discusión. Como era de esperarse, el articulado traspasó las paredes de la Asamblea y se encuentra colgado, en este momento, en diversas páginas en Internet. Sin embargo, no se trata del texto definitivo, sino de una propuesta de informe para segunda discusión que será debatido por la Comisión y posteriormente sometido a “consulta” a través del denominado “parlamentarismo de calle”.

Frente a lo sucedido y frente al articulado que aún se encuentra en debate, es importante hacer algunas consideraciones -sobre la forma y sobre el fondo-, una exigencia y una propuesta. Dado lo extenso de las consideraciones, comenzaremos por la exigencia y la propuesta. Adicionalmente, se aclara que esta es una primera entrega, en la que se hacen las consideraciones sobre la forma en que se está desarrollando el proceso, pero se tocan los aspectos de fondo de los primeros artículos, dejando para próximas entregas, las demás consideraciones.

I. La exigencia: Dado que el proceso de conversaciones sostenidas por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional con algunos representantes de diversos sectores del país, se hizo sin tener el documento del informe para la segunda discusión elaborado, y que, de acuerdo a lo afirmado por los miembros de la Comisión, la revisión que se inició ayer dará como producto un texto que se someterá al denominado “parlamentarismo de calle”, es imperativo que la mencionada comisión, publique y distribuya a nivel nacional el texto del informe para la segunda discusión, una vez sea terminada su elaboración y con él, se de a conocer y se distribuya el cronograma de consulta al que será sometido, incluyendo los diversos mecanismos de participación que se estipulen para ella. También es imperativo que el lapso para realizar la consulta cuente con el tiempo suficiente para permitir la participación y el intercambio de todos los sectores sociales interesados y de la ciudadanía en general y que los mecanismos sean incluyentes, esto es, que permitan la más amplia participación de los ciudadanos y las organizaciones, garantizando que no exista ningún tipo de discriminación.

II. La propuesta: Dada la naturaleza estratégica de la ley que está en discusión, se requiere que no solamente los Diputados de la Comisión de Educación conozcan los diversos puntos de vista que tengan los distintos actores sociales con respecto al texto propuesto, por tanto, se propone que se programen, como parte del proceso de consulta en el marco de la elaboración del informe para segunda discusión, una serie de debates en los que se presenten los diversos puntos de vista y que éstos sean transmitidos por radio y televisión para garantizar su mayor conocimiento y difusión a nivel nacional.

III.1. Las consideraciones: en cuanto a la forma

1. El documento que se está discutiendo no toma como base el proyecto aprobado en primera discusión, tal como se establece en la técnica legislativa. Un informe para segunda discusión debe contener el proyecto aprobado en primera discusión y hacer las modificaciones al articulado propuesto, a partir del ya aprobado. Esta no es la forma que tiene el texto que se está discutiendo actualmente en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

2. La propuesta, en primera instancia, hace un cambio de espíritu que no estaba contemplado en el proyecto aprobado en primera discusión, ya que convierte a una Ley Orgánica que norma los aspectos de definición y funcionamiento del sistema educativo, en una Ley Marco que contiene unas disposiciones generales y deja el desarrollo de la normativa en manos de leyes especiales y si bien, las leyes especiales también deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional, como instrumentos jurídicos no tienen el rigor de las leyes orgánicas, específicamente en cuanto al quórum que requieren para aprobar el articulado.

3. En cuanto a los detalles de forma, es importante resaltar la observación hecha por la Diputada Medina. El documento se entregó a los diputados, sin la antelación correspondiente que les permite estudiarlo para poder participar con propiedad en la discusión, lo cual viola el reglamento de interior y de debates de la Asamblea Nacional.

4. Y finalmente sobre la forma, es importante precisar que es más que obvio que el proyecto entregado a la Comisión de Educación, es un borrador de trabajo. Esto se nota claramente en su estructura, en la que se omiten, al menos, el Capítulo I del primer título y el Título II completo. Además, en la versión que pude conocer, hay unos elementos agregados y resaltados en rojo, lo que denota que está siendo sujeto a revisión y modificación.

III.2. Las consideraciones: en cuanto al fondo

1. El documento, como era de esperarse, plantea en su primer título algunos conceptos y principios que permiten definir a la educación y al sistema educativo. Sobre algunos de ellos es importante precisar que:
1. Se establece el objeto de la ley, el cual, en términos generales se ajusta al ámbito que le compete a un texto de esta naturaleza. Sin embargo, parece tener un problema de redacción, ya que la ley puede desarrollar los principios rectores de la educación y decir que el Estado la asume “como función indeclinable y de máximo interés” (frase tomada textualmente del artículo 102 de la Constitución), pero no puede decir que desarrollará los derechos, garantías y deberes de la educación, sino que desarrollará los derechos, garantías y deberes educativos de los ciudadanos, ya que son los ciudadanos los sujetos de derecho y no la educación, esta es sólo una materia en la que se establecen derechos, garantías y deberes en el texto constitucional que deben ser desarrollados en la ley orgánica que rige la materia.
2. Adicionalmente, en la definición del objeto de la ley se establece que ésta se desarrollará “de acuerdo a los principios constitucionales y orientada por valores éticos humanistas para la transformación social”. Al respecto, es importante precisar que es absolutamente correcto decir que la ley desarrollará los principios y los derechos, garantías y deberes relativos a la educación de acuerdo con los principios constitucionales, pero no lo es, afirmar que ellos se orientarán “por valores ético humanistas para la transformación social”, ya que, los valores que deben orientar lo que establezca esta ley, son los contenidos en el texto constitucional en su primer título que es el que recoge los “principios fundamentales” (artículos del 1 al 9) y en los artículos del capítulo relativo a los “derechos culturales y educativos”. En ninguno de esos artículos se hace mención específica a los “valores ético humanistas para la transformación social” y si se mencionan explícitamente como “valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación (del Estado venezolano), la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (artículo 2). Este último, el pluralismo político, es desarrollado en el marco de los “derechos culturales y educativos”, específicamente en el artículo 102, cuando se establece que la educación “está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento”. Esta precisión se hace imprescindible, debido a que, puede sonar muy bonito o ser un propósito muy noble el que la educación sea orientada “por valores éticos humanistas para la transformación social”, incluso, puede formar parte de la tradición de un grupo de educadores del país, pero se trata de una disposición que circunscribe a la educación a un ámbito de ideas específico, lo cual resulta violatorio de lo establecido en el texto constitucional.
3. Se registra un cambio en el ámbito de aplicación de la ley, con respecto a lo aprobado en la primera discusión, ya que este se amplía de las instituciones y organismos que conforman al sistema educativo a toda la sociedad en su conjunto, lo cual es absolutamente natural, debido a que en el texto se regulan aspectos que atañen a instituciones, organismos y personas que no forman parte directa o formal del sistema educativo.
4. Es importantísimo señalar, en este artículo (2), que se retoma la lógica estructura del Estado establecida en la Constitución reconociendo a las instancias estadales y municipales con las escuelas bajo su dependencia, así como la existencia de las instituciones educativas de gestión privada.
5. En el artículo 3 de la propuesta, el relativo a los principios y valores rectores de la educación, en lugar de presentarse un enunciado claro y estructurado de principios y valores, se presenta un listado de términos, sin orden ni estructura, de diferente naturaleza, que parece lista de mercado. Esto lo señalo con toda seriedad. La naturaleza de lo que se pretende recoger en este artículo amerita más trabajo y mejor definición. Además, amerita la selección de aquellos principios y valores que se consideren efectivamente como los rectores de la educación y los principios deben estar redactados como tales y no como un puñado de términos inconexos.
6. El artículo 4 presenta una definición de Estado Docente, que, como se deduce de las notas resaltadas en el texto, aún se encuentra en debate y por tanto, se espera que no tenga esa redacción como definitiva, ya que, poniendo a un lado los comentarios que se puede hacer sobre el fondo, el mismo requiere que la redacción sea corregida y no se trata de una corrección de estilo precisamente. En este se define a la educación como un derecho humano universal, como un deber social fundamental, inalienable e irrenunciable y como un bien público. Estas definiciones deben pasar a formar parte de un artículo precedente que bien podría ser el que recoge los principios rectores, pero no debe formar parte de la definición que se haga del Estado Docente. Sin embargo, sobre ellas, específicamente sobre las dos primeras, cabe decir que lo establecido en la constitución es que la educación es “un derecho humano universal” y “un deber social fundamental”, los adjetivos asociados a estos términos resultan redundantes en materia de derechos humanos y pueden ser suprimidos.
7. Con respecto a la definición de Estado Docente contenida en este artículo, se establece el carácter rector del Estado en la educación y que éste, su carácter rector, se expresará garantizando las condiciones de desarrollo del proceso educativo en las instituciones oficiales y velando por el cumplimiento de las mismas en las instituciones privadas. Esta es una definición que se ajusta no sólo a lo establecido en la Constitución sino que es la misma que se encuentra en la Ley Orgánica de Educación vigente. Sin embargo, se queda corta con respecto a lo establecido en la Constitución en su artículo 103 que adicionalmente compromete al Estado a crear y sostener instituciones educativas con el propósito de garantizar tanto el acceso, como la permanencia y la culminación en el sistema educativo. Esta precisión es sumamente importante, debido a que, como es por todo el país conocido, la oferta educativa actual, no permite que se cumpla con la obligatoriedad de la educación, ya que, a medida que se avanza en el sistema educativo, se restringe la oferta, resultando que quiénes culminan con éxito el sexto grado tienen restricciones de acceso por déficit en la oferta educativa, en el séptimo grado y lo mismo sucede en el paso entre el noveno grado y el primer grado de educación media.
8. Por otra parte, la definición de las responsabilidades del Estado con respecto a las instituciones educativas oficiales, presenta un problema conceptual. En el texto se dice que los servicios educativos deben asegurar a todos “igualdad de condiciones y oportunidades” y es más que evidente que si se asegura la igualdad de condiciones, no se logrará la igualdad de oportunidades y viceversa, si se asegura la igualdad de oportunidades, esta no corresponderá a un servicio que se brinde en igualdad de condiciones. Sin embargo, esta contradicción del texto de la propuesta, es heredada de la misma contradicción presente en el artículo 103 de la Constitución. Por lo que, al tener un problema de origen, el texto de la Ley debe tratar de desarrollar lo establecido a nivel Constitucional, preservando el derecho de una educación integral, de calidad y permanente para todos que es el propósito del enunciado de ese artículo, en lugar de repetir la redacción conservando el contrasentido de la frase.
9. Finalmente, en este artículo se establece como parte de las garantías que corresponden al Estado en su función rectora “la promoción de la participación protagónica de las familias, la comunidad educativa y las organizaciones comunitarias, de acuerdo a los principios que rigen la presente Ley”. En este enunciado no queda claro a qué se refiere la promoción de la participación protagónica de las organizaciones comunitarias en las instituciones educativas oficiales, ya que, en los principios constitucionales esta no se establece, tampoco se establece en los artículos relativos a los derechos culturales y educativos y ni siquiera se puede deducir del listado de principios y valores rectores que contiene el proyecto en su artículo 3.
10. El artículo 5 que contiene las competencias del Estado, es uno de los puntos centrales de atención de esta propuesta. En él se establecen los límites de la actuación del Estado a través de los diversos órganos que tengan competencias en educación. En este caso, cabe resaltar que se mantiene la idea de una estructura que respete el carácter descentralizado que establece al Estado la Constitución nacional. Sin embargo, se trata de un artículo largo, complejo y abundante en verbos que merece ser analizado con mucho detenimiento. Como parte de las competencias del Estado, se establecen algunas cosas que éste debe garantizar, otros que regula, supervisa y controla, más otros que planifica, ejecuta y coordina, pero también se precisa su rol como promotor y facilitador de la participación social y como promotor de la integración regional y “universal”. Como se trata de un artículo muy largo y complejo, sólo llamaré la atención sobre algunos de sus ordinales:

i. En su primera parte, se establece que el Estado debe garantizar el pleno ejercicio del derecho a una educación integral, permanente y de calidad, sin discriminación y que será gratuita en todas las instituciones oficiales. Los ordinales en los que establecen esto parecieran apuntar a garantizar la inclusión total en el sistema educativo. Sin embargo, el ordinal siguiente, está dedicado a garantizar la permanencia de las misiones educativas “como una estrategia de inclusión social”. ¿Esto significa que, no importan todos los esfuerzos que se hagan en el sistema para garantizar educación de calidad para todos, la exclusión será una constante del sistema educativo, para lo que se requiere de un mecanismo compensatorio o sistema paralelo que permita solventar parcialmente, pero de forma permanente, una presunta falla estructural del sistema? ¿Esto también significa que los primeros ordinales de este artículo, nunca van a apuntar a que el país asuma como metas 100 % de cobertura y reducir la expulsión del sistema a 0, porque el Estado no podrá asumir los compromisos que surgen en consecuencia, porque este debe garantizar la permanencia de las misiones? El empeño de algunos funcionarios del gobierno por dar reconocimiento y rango legal a las misiones, hacen que se planteen disposiciones que rayan en lo absurdo, como esta.

ii. Entre las cosas que el Estado debe garantizar, se encuentra una que, tal como está redactada, puede utilizarse para violar el derecho a la protesta de estudiantes y docentes. Lo copio textual para que lo vean: La continuidad de las actividades educativas, en cualquier tiempo y lugar, en las instituciones, centros y planteles oficiales nacionales, estadales, municipales, entes descentralizados y las instituciones educativas privadas.

iii. El ordinal relativo a los medios de comunicación en la sección de las cosas que debe garantizar el Estado, mejora con creces lo establecido en la Ley Orgánica vigente. (Las condiciones para la articulación entre la educación y los medios de comunicación, con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad para hacer preguntas y construir mediaciones de forma permanente entre las familias, la escuela, y la comunidad) Claro, esto está matizado en el ordinal “c” de la sección 4, cuando habla de que este rol del Estado se desarrolla también “universalizando y democratizando el acceso a los Medios de Comunicación”

iv. Si bien, en la primera parte de este artículo, es decir, la que establece lo que el Estado garantiza, se habla del pleno ejercicio del derecho a una educación integral, permanente y de calidad, no se establece por ninguna parte la obligatoriedad del Estado a prestar el servicio o a garantizar que se preste en cantidad suficiente acorde con la magnitud de la población, pero en la segunda sección, en la que se establece lo que el Estado regula, supervisa y controla, el primer ordinal está dedicado a decir que éste establecerá los mecanismos para “exigir” que “la comunidad, familias, padres, madres y representantes”, cumplan con el deber social. Y está muy bien que el Estado vele por el cumplimiento de ese deber, pero primero tiene que garantizar el derecho, si no lo garantiza en cantidad suficiente como para que toda la población pueda disfrutar del mismo, no puede obligar a nadie a cumplir con él.

v. En este mismo orden de ideas, en un próximo ordinal, en esta misma sección, el Estado regula, supervisa y controla, la creación y funcionamiento de las instituciones educativas, pero no garantiza su creación y funcionamiento en cantidad suficiente de acuerdo a la demanda de la población.

vi. En sus competencias, este artículo, añade a las existentes, varias que restringen la libertad de gestión de las instituciones educativas privadas, así como el poder de los padres para tomar decisiones en materias relativas al financiamiento y por tanto, características de la oferta educativa de ese tipo de organizaciones. Resaltan: la regulación, supervisión y control de los procesos de ingreso, permanencia, ascenso, promoción y desempeño de los docentes, la idoneidad académica de los mismos, en el Subsistema de Educación Básica, la gestión de estas instituciones “con la participación protagónica de toda la comunidad educativa” y “el régimen de fijación de matrícula, monto, incremento, aranceles y servicios administrativos que cancelan las estudiantes y los estudiantes o sus representantes en las instituciones educativas privadas” prohibiendo la existencia de figuras complementarias a la organización educativa, ya que las mismas son vistas y previamente catalogadas como, mecanismos “para ejercer coerción, en la cancelación de montos superiores a los establecidos por el órgano rector y demás entes que regulan la materia”

vii. En la sección siguiente, la relativa a la planificación, ejecución y coordinación de políticas y programas se hace un listado de todas las cosas que el Estado planifica, pero se mezcla con el concepto que esperan tengan algunos de los programas que éste adelantará. Esto incluye la actualización curricular, en la que no se menciona la participación de la sociedad en la discusión de la misma (no se menciona en esta sección ni en la siguiente, relativa a la participación); los términos del tipo de formación que se persigue, en los que se habla de la incorporación de las personas al trabajo “productivo, coorperativo y liberador”, prefigurando una cualidad del trabajo productivo restringida a esquemas de organización cooperativos; la mención a un nuevo modelo de escuela que está “definido” como un espacio “abierto” para una gran cantidad de cosas que si se hacen como derivación del trabajo pedagógico, pudieran tener cabida, al menos parte importante de ellas, pero que si ellas son el punto de partida para definir el rol de la escuela, harían que se perdiera el centro educativo que debe tener este tipo de organización. De igual manera se incluye entre los ordinales de esta sección, uno que contiene una extensa lista de términos con los que se pretende describir el tipo administración educativa que se quiere alcanzar, pero como en las otras disposiciones en las que lo que se establece es una larga lista de cosas, esta carece de orden y concierto y debería reducirse y expresarse de forma más concreta para que sirva realmente como referencia útil para su instrumentación.

viii. En esa misma sección se establece como competencia del Estado la formación de los docentes, pero también de todas las organizaciones que participan en la educación (esta disposición no se entiende, salvo que se trate de establecer un programa de formación permanente, por ejemplo, de los padres, o de los medios de comunicación, que son personas y organizaciones que participan en la educación, tal como se precisa en ese ordinal); el establecimiento con rango de ley de la municipalización de la educación universitaria y el ingreso de los estudiantes de las instituciones oficiales y privadas en este nivel del sistema (por cierto, que llama la atención el que se hable, en el ordinal relativo al ingreso de los estudiantes, de instituciones “nacionales” en lugar de oficiales, dado que se apuesta por la política de “municipalización”.

ix. Finalmente, en esa sección se encuentra un texto, resaltado en rojo (en la versión que a mi me llegó) que dice al final “revisar” en la que se establece que el Estado llevará a cabo programas y políticas que “que desarrollen el proceso educativo en instituciones oficiales y privadas, nacionales, estadales, municipales, entes del Poder Público, medios de comunicación, instituciones universitarias públicas y privadas, centros educativos que funcionen en entes descentralizados e institutos autónomos”, que, honestamente, y muy respetuosamente, no dice nada y puede decir cualquier cosa, por lo que se requiere, que en la revisión que se sugiere entre paréntesis, se incluya la precisión de esta disposición.

x. La promoción y facilitación de la participación social, que está desarrollada en la cuarta sección de este artículo, se restringe a la gestión educativa, se desarrolla a partir de las instituciones educativas, e incluye la contraloría del funcionamiento del sistema, pero no incluye la formación de las políticas públicas tal como reza en el artículo 62 de la Constitución.

xi. En su última sección, este artículo desarrolla las competencias del Estado en materia de integración cultural y educativa, en los ámbitos regionales y “universales”(¿?) En ella, establecen algunos elementos que llaman poderosamente la atención. El primero de ellos es que se promueve el intercambio, para fortalecer la identidad de nuestros pueblos “latinoamericanos, caribeños y africanos”. Además, se habla de la integración privilegiando “una relación geoestratégica con el mundo” y de la creación de un “nuevo orden comunicacional para la educación”. Obviamente, cónsona con la visión que tiene actualmente el gobierno, de su rol estratégico en la integración regional y en la creación de un nuevo orden mundial, se colocan frases en la ley que pudieran facilitar algunas iniciativas del gobierno en ese campo, pero que se encuentran totalmente descontextualizadas en esta propuesta de ley.

Hasta aquí los comentarios de esta primera entrega. En unas horas, un nuevo avance.

Olga Ramos (olgaramos62@gmail.com)

Asamblea de Educación (asambleadeducacion@gmail.com)

6 de agosto de 2009

Los nuevos republicanos, adalides de la “impunidad revolucionaria y bolivariana” / Olga Ramos

No es la primera vez que vemos a un grupo de “revolucionarios” comandados por Lina Ron en plena faena. Esta vez identificados con banderas de la Unidad Popular Venezolana, pretenden entrar por la fuerza a la sede de Globovisión. La primera vez que los vimos fue, al menos, hace 8 años, atacando a una manifestación pacífica de la oposición frente al Tribunal Supremo de Justicia. En aquel momento se identificaban como Círculos Bolivarianos, después lo hicieron como Unidad Popular Venezolana, pero también se identifican como Frente Bolivariano de Liberación cuando desarrollan sus faenas cerca de la frontera.

Se trata de un grupo que entiende la dinámica política como una guerra y el “activismo” político como la imposición de su posición, al resto del país, a punta de violencia. Se identifican como “verdaderos revolucionarios”, salen a las calles armados con palos y piedras como su “artillería liviana”; alguna vez utilizaron ácido para agredir a la gente. Sin embargo, prefieren los artefactos modernos, esos que disparan balas, al parecer, porque son más efectivos. Últimamente se han mostrado también partidarios del uso del “gas del bueno” que imaginamos que, como las armas de fuego, podrán adquirir en cualquier botica.

Algunas veces estos “verdaderos revolucionarios” hacen sus apariciones encapuchados. Otras, la mayoría de ellas, se exhiben de cara al viento, sin pudor, amenazantes, desafiantes. Señalan sus objetivos, políticos y militares, dan declaraciones, hasta ruedas de prensa y nada pasa.

Son 8 años Tareck y Luisa, 8 años de exhibición, 8 años de tristes y lamentables incidentes, 8 años de amedrentamiento y violencia, 8 años de impunidad, pero también, son 8 años retratándose con el Presidente, por tanto, 8 años de “impunidad revolucionaria y bolivariana”.

Y es que a pesar de las esporádicas declaraciones de algunos funcionarios gubernamentales condenando el uso de la violencia por parte de estos grupos, la impunidad y el precedente y recurrente discurso presidencial, incitando al odio y a la violencia para defender su “proyecto revolucionario” y para garantizar que este se mantenga en el poder, son los más claros incentivos para su formación y sostenimiento. Por ellos subsisten, por ellos se mantienen. Forman parte de su estrategia.

¿Serán estos adalides de la “impunidad revolucionaria y bolivariana”, los que han surgido al fragor de la “revolución bonita”, los nuevos republicanos? ¿Serán éstas las características que se espera tenga la “nueva ciudadanía” tan anhelada por el proyecto revolucionario y tan mentada en la política educativa bolivariana? ¿Serán, en consecuencia, éstos los modelos a seguir cuando se trata de formar al “hombre nuevo”? ¿Serán éstos Navarro?

Olga Ramos
03082009
Olgaramos62@gmail.com

Una dosis de realismo y no precisamente mágico / Olga Ramos

Ninguna polaridad se resuelve en el mismo nivel de consciencia que se genera.

Carl Jung

En estos días, quizá los más difíciles de sus vidas para algunos, es casi inevitable pensar que ahora si tocamos fondo, que nada puede empeorar y que, en el momento menos pensado, ocurrirá algo, el tan ansiado milagro, que pondrá remedio definitivo a la espantosa crisis que el país está sufriendo. Se trata de una reacción absolutamente natural que emana de nuestros más profundos deseos, expresa nuestra resistencia a asumir lo que efectivamente nos está sucediendo, y a asimilar los cambios que, de facto, Venezuela ha experimentado.

Sin embargo, aunque no nos guste, sabemos que la mayoría de las evidencias señalan precisamente lo contrario, que estamos al comienzo de un período en el se profundizará la crisis en todas sus dimensiones, en el que la polarización y las agresiones seguirán en aumento, así como lo hará la inseguridad, y en el que seguirá disminuyendo notable y progresivamente la calidad de nuestras vidas. Es decir, vamos en caída libre, p’abajo y en picada. Decir esto no debe ser muy bien visto que se diga, pero no decirlo resulta realmente ingenuo.

El día en que se nos vuelen los tapones[1]

Un panorama como éste, hace que sintamos una presión a la que la mayoría no estamos acostumbrados, a la que seguramente y con sobrada razón, nos revelamos y que muchas veces también nos hará cuestionarnos sobre nuestra capacidad de supervivencia ante lo que estamos viviendo. En ciertas ocasiones, y con este cuestionamiento en mente, no podemos evitar echar la mirada atrás y recordar a quiénes los rebasó la magnitud de la crisis y desafortunadamente ya no nos acompañan. Y es que a pesar de la creencia popular que dice que la vida no te pone en situaciones que no estés en capacidad para enfrentar y superar, cuando nuestras vidas entran en crisis, por la razón que sea, no siempre se cumple esta premisa.

Así, haciendo un rápido y doloroso inventario, recordamos a los amigos que desarrollaron una inesperada e incurable enfermedad, muriendo por ella; a otros, que no llegaron a manifestar enfermedad alguna pero murieron de un infarto; también a quienes en menor cuantía, en un acto imposible de calificar, se quitaron la vida; y finalmente, a otros, los menos afortunados, aquellos que, aunque no llegaron a morir, tampoco nos acompañan, porque, de hecho, nos abandonaron cuando se les “volaron los tapones”, o se dedicaron al alcohol, o a las drogas.

Menuda fauna, diría mi padre, pero lo cierto es que todos ellos eran unos personajes interesantes, grandes apasionados por la vida y por el país, algunos más pasionales y otros más ponderados, pero la mayoría dotados de una excepcional inteligencia. A todos ellos, con mayor o menor frecuencia, estoy segura que muchos los extrañamos y aunque no estamos muy conscientes de ello, también sentimos que, literalmente, esta crisis les arrebató la vida y seguramente nos preguntaremos, en algunas ocasiones, cuantos de nosotros correremos con la misma suerte y a cuántos también se nos podrían volar los tapones.

El sino de la exclusión o cuando la exclusión no cambia de signo

Obviamente, este panorama no estaría ni remotamente completo si no decimos también que para muchos, extranjeros y venezolanos, habitantes de este país, no son precisamente éstos los días más difíciles, que quiénes habitan en algunas zonas rurales solamente han experimentado el olvido y la pobreza a lo largo de sus vidas, y que en muchas otras zonas rurales y urbano-marginales, las situaciones difíciles han constituido el sino con el que se teje su cotidianidad desde hace más de dos décadas, cuando comenzamos a percibir, con rudeza, los indicios de esta crisis.

Así es, por mucho que algunas personas perciban con desespero los embates de esta crisis sólo en los últimos años, tenemos que reconocer su existencia previa y asumir, de una vez por todas, que lo que hoy experimentamos, no es más que su profundización y extensión a otros grupos sociales y, en última instancia, la consecuencia de haber permitido que nos convirtiéramos en una sociedad altamente excluyente, que no supo atender a la crisis que sufría en diversas dimensiones. Una sociedad que tenía un aparato productivo poco robusto, en el que muchas de las empresas dependían de la intervención del Estado para ser exitosas; en la que comenzaron a hacer mella los valores, al punto de llevarnos a incluir expresamente su enseñanza en las escuelas; y en la que el sistema judicial era muy poco eficiente. Una sociedad constituida en su mayoría por indolentes habitantes, en la que “los ciudadanos ejemplares” eran las honrosas excepciones, en la que el ventajismo o la tristemente elogiada “viveza del venezolano” se consideraba una de las características con la que mejor se identificaba nuestra idiosincrasia, en la que “las leyes” se hacían “para violarlas”, en la que los desacuerdos con la autoridad se respondían con actitudes derivadas de la premisa que nos acompaña desde los tiempos de la colonia, “se acata pero no se cumple”, todos éstos rasgos propios de una institucionalidad bastante débil.

Se trataba de una sociedad en la que la dirigencia política se fue alejando progresivamente del pueblo, el clientelismo se convirtió en el mecanismo por excelencia para garantizar la filiación de la gente a los partidos, los partidos se dedicaron a colonizar todos los espacios de participación ciudadana para garantizar su control, el Estado no existía más allá del gobierno, las malas prácticas y la ausencia de controles comenzaron a borrar la línea que garantizaba la separación de los poderes y a dar campo abierto a la corrupción. En esta sociedad poco se valoraba el trabajo y el desempeño, las decisiones de políticas públicas podían estar bastante alejadas de los criterios técnicos y se apreciaba un incipiente profesionalismo en la función pública.

Esta sociedad altamente excluyente en la que nos convertimos, además, veía a la pobreza como un problema a resolver y no como una característica indeseable del sistema que requería, para dejar de formar parte del mismo, un profundo cambio en las reglas del juego en lugar de las reiteradamente utilizadas medidas “remediales” o compensatorias que lo único que lograban era correr la arruga.

Los agregados “revolucionarios”

Esta es la base, el punto de partida con el que iniciamos la mal llamada experiencia “revolucionaria” que hemos vivido durante estos últimos 10 años. Experiencia que, a pesar replicar de forma magnificada los problemas y errores que veníamos acumulando y agregar muchos otros, abrió un espacio de inclusión para un gran porcentaje de la población que, de otra forma, nunca hubiese tenido oportunidad de sentirse incluida. Claro está, esta inclusión, en gran medida, es más afectiva y emocional que efectiva y más efectista que eficaz, dado lo temporal y endeble de los mecanismos que la sustentan.

Sin embargo, la apertura de este espacio de inclusión, independientemente de sus problemas de eficacia, no ha contribuido a la disminución del carácter altamente excluyente de nuestra sociedad, ya que, paralelamente a su apertura se aplicaron nuevos mecanismos de exclusión mucho más abrasivos y violentos que los que existían previamente; mecanismos fundamentados en la filiación política, con los que se amplió la base de exclusión social, económica y política, al afectar a un amplio grupo de personas, anteriormente incluidos, por el sólo hecho de que, puntual o permanentemente, ejercieron su derecho a disentir, a pensar diferente y en última instancia, se negaron a asumir una actitud de sumisión política frente al centro del poder.

En esta profundización de la crisis, acompaña al aumento de la exclusión y de muchos de los problemas previamente existentes, la aplicación de una estrategia indiscriminada destrucción institucional y la utilización de la polarización política, como mecanismo para garantizar el control total del poder por el grupo que gobierna. Esta polarización y es necesario también reconocerlo, ha calado profundamente en la sociedad, permitiendo que emerjan características poco agradables y para algunos desconocidas o ignoradas, de nuestra idiosincrasia, características como el clasismo, el racismo, la xenofobia, pero sobre todo, el resentimiento.

Es imperioso un cambio de consciencia

Este es el país que actualmente tenemos y frente a él, algunos se niegan a asumir que el cambio, en muchos aspectos, ya se ha hecho efectivo; que, nos guste o no, la sociedad tiene nuevas propiedades que han emergido de facto, que están ahí y están para quedarse, a menos que hagamos algo para que emerjan nuevas propiedades, las que efectivamente queremos para Venezuela, y que en muchos casos, si nos atrevemos a asumir como cierta la situación base anteriormente descrita, entenderemos que las mismas serán nuevas porque no se encontraban realmente presentes en el pasado inmediato. En otras palabras, la Venezuela que vemos es la que tenemos, ella es solamente la evolución de la que tuvimos y que no quisimos ver como era en todas sus dimensiones y sólo podremos tener otra, como la que soñamos, cuando seamos capaces de reconocer que así es, y en consecuencia de trabajar persistente e incansablemente para construirla.

El primer paso, entonces, para poder enrumbarnos hacia la efectiva salida de la crisis, es aumentar nuestra consciencia sobre lo que aconteció y acontece, así como, darnos cuenta de que a lo largo de estos 10 años, hemos pasado más tiempo paralizados por el miedo o dedicados a evitar la destrucción de lo que teníamos y apreciábamos, que realmente concentrados en la construcción de una Venezuela diferente, una Venezuela cimentada en la inclusión. Este aumento de consciencia nos permitirá ponernos efectivamente en los zapatos del otro, de todos los anteriormente excluidos, y viendo más allá de lo obvio, profundizar en la comprensión y transformación de las creencias y las prácticas que sirvieron de base para lo que actualmente tenemos.

Solamente si asumimos que el país que vemos es el que tenemos y no otro, podremos avanzar en su reconstrucción, porque entenderemos que el mal llamado proceso “revolucionario” y todas las aberraciones que ha producido desde el poder, están cimentadas en las creencias y malas prácticas de nuestro pasado. Asumirlo, es el primer paso para poder trabajar en cambiarlo, ya que, su caracterización nos indica el signo de las cosas que no queremos reproducir.

Olga Ramos

08-09 de junio de 2009

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[1] Un inciso dedicado con todo mi cariño a quiénes, por razones políticas, ya no nos acompañan, en especial al amigo Jorge Larrazabal, quién nos acompañó durante varios años como miembro de Asamblea de Educación; quién, por sus hijas, también militó en las filas de las organizaciones de padres y representantes, y a quién, lamentable y definitivamente, perdimos la semana pasada después de algunos años de luchar aguerridamente por mantener su salud.

Llorá, pero no olvides (Un pequeño homenaje a Mario Benedetti) / Olga Ramos

Querido Mario,

Qué bueno que ya descansas, aunque eso significa que no estás entre nosotros. Qué bueno que, ahora que nos puedes ver desde otra perspectiva, puedes apreciar con mayor detalle y de otra manera, lo que realmente nos acontece. Y qué bueno que exististe, y pusiste tu don al servicio del amor y las buenas causas, bueno, al servicio de las buenas causas, porque el amor, es la más importante de las causas buenas.

Como ya sabes fuiste un gran compañero y hasta un guía en mi vida. Mi Inventario, mejor dicho, mi ejemplar de tu Inventario, está marcado por todas partes, porque tus poemas le dieron expresión a mi mundo, así como, me abrieron la puerta un mundo diferente, desconocido, mundo que, por cierto, en algunas de sus dimensiones, siempre tuve la esperanza de sólo conocer por escritos y películas, pero que hoy, siento que irremediablemente tiene rato invadiéndonos la vida.

Y claro, así como a ti la poesía te permitía exorcizar las penas (Es por muchos conocido que dijiste: "Cuando tengo una preocupación, un dolor o un amor tengo la suerte de poder transformarlo en poesía"), para mí, como es obvio, en muchos momentos, tus versos le dieron expresión a mis sentimientos, pusieron muchísimas veces en mi mente reflexiones, en mi corazón esperanza, sosiego o pasión y en mi boca palabras y versos encantadores, seductores o provocadores, para expresar lo sentido. Tu experiencia y tus penas, hechas poesía, enriquecieron mi experiencia y mi juvenil visión de la vida desde que estaba en la universidad.

Hoy me aprovecho de tu partida para mirar atrás y decantar tus aportes a mi vida y te cuento, que de los muchos poemas que en algún momento me estremecieron y me gustaban y de los que aún hoy me mueven el piso y me gustan, hay tres que recurrentemente aparecen como música de fondo en mi mente. Claro, tienen la ventaja de haber sido convertidos en canción y por eso, además aparecer, a veces, como parte del hilo musical que siempre me acompaña, tengo la fortuna de poder vibrar con la mezcla armónica de los versos y las notas, cantándolos.

El primero, es un poema románico-provocador. El segundo, es el archiconocido, "te quiero", que he tenido el deleite de haberlo cantado en un grupo vocal y en un canto común (lo máximo)... además de cantarlo una vez al oído... Y el tercero, es el que marcó de manera más profunda mi vida, que aún hoy, después de muchos años de hacerlo, lloro cuando lo canto y que contiene un grupo de versos, de los salidos de tu pluma, a los que siempre recurro y que me han ayudado a orientarme en la vida, en especial, cuando he tenido que tomar decisiones difíciles. Se trata de "hombre preso que mira a su hijo". El grupo de versos, al que me refiero, es:

(...)
una cosa es morirse de dolor
y otra cosa es morirse de vergüenza
(...)
uno no siempre hace lo que quiere
pero tiene el derecho de no hacer
lo que no quiere
(...)
porque es mejor llorar que traicionar
porque es mejor llorar que traicionarse
llorá
pero no olvides

Y como ese no es uno de tus poemas más conocidos, creo que corresponde despedirme cantándolo para tí, pero valiéndome de una grabación de Pablo, para que lo puedan escuchar todos: http://www.youtube.com/watch?v=IVsmIIkTcF8

Hombre preso que mira a su hijo
Mario Benedetti

Cuando era como vos me enseñaron los viejos
y también las maestras bondadosas y miopes
que libertad o muerte era una redundancia,
a quién se le ocurría en un país
donde los presidentes andaban sin capanga.
Que la Patria o la tumba era otro pleonasmo
ya que la Patria funcionaba bien;
en las canchas y en los pastoreos.

Realmente, Botija, no sabían un corno,
pobrecitos creían que "libertad"
era tan sólo una palabra aguda
que muerte, era tan sólo grave o llana,
que cárceles, por suerte una palabra esdrújula
olvidaban poner el acento en el hombre.

La culpa no era exactamente de ellos,
sino de otros más duros y siniestros
y estos sí, como nos ensartaron
en la limpia república verbal y cómo idealizaron
la vidurria de vaca y estancieros
y cómo nos vendieron un ejército
que tomaba su mate en los cuarteles.

Uno no siempre hace lo que quiere
uno no siempre puede, por eso estoy aquí,
mirándote y echándote de menos.
Por eso es que no puedo despeinarte el coco,
ni ayudarte con la tabla del nueve
y acribillarte a pelotazos.

Vos sabes bien que tuve que elegir
otros juegos y que los jugué en serio.
Y jugué, por ejemplo, a los ladrones
y los ladrones eran policías
y jugué, por ejemplo, a la escondida
si te descubrían te mataban
y jugué a la mancha y era de sangre.

Botija, aunque tengas pocos años,
creo que hay que decirte la verdad
para que no la olvides, por eso
no te oculto que me dieron picana
que casi me revientan los riñones.
Todas estas llagas, hinchazones y heridas
que tus ojos redondos miran hipnotizados
son durísimos golpes, son botas en la cara
demasiado dolor para que te lo oculte,
demasiado suplicio para que se me borre.

Pero también es bueno que conozcas
que tu viejo calló o puteó como un loco
que es una linda forma de callar
que tu viejo olvidó todos los números,
por eso no podría ayudarte en las tablas
y por lo tanto olvidé todos los teléfonos
y las calles y el color de los ojos,
y los cabellos y las cicatrices
y en qué esquina y en qué bar,
qué parada, qué casa.

Y acordarme de ti,
de tu carita me ayudaba a callar,
una cosa es morirse de dolor
y otra cosa morirse de vergüenza.
Por eso ahora, me podés preguntar
y sobre todo puedo yo responder.
Uno no siempre hace lo que quiere
pero tiene el derecho
de no hacer lo que no quiere.
Llora no más, Botija,
son macanas que los hombres no lloran,
aquí lloramos todos,
gritamos, chillamos, moqueamos, berreamos,
maldecimos, porque es mejor llorar que traicionar,
porque es mejor llorar que traicionarse,
llorar, pero no olvidés.

Olga Ramos
18 de mayo de 2009
olgaramos62@gmail.com