MUD: ¿Tabla de salvación o delicada filigrana?/ Olga Ramos

Acostumbrados como estábamos a nuestro esquema democrático con fuertes dosis populistas, paternalistas y clientelares, más una débil, pero existente, división de poderes, con alternabilidad garantizada y con algunos elementos que perfilaban una futura e interesante madurez democrática, - como el inicio de la descentralización, los esfuerzos por profesionalizar la función pública, tecnificar la toma de decisiones sobre políticas públicas y el establecimiento de algunos mecanismos de control efectivo del ejercicio del poder- entramos en el autodenominado “proceso revolucionario” - que, por cierto, tiene de “revolucionario” su vocación por el cambio radical de sistema a través del desmontaje de la institucionalidad existente, para sustituirla por otra y el desplazamiento de las elites, política y económica, del país por una “vanguardia revolucionaria”.

En su empeño de cambio, este “proceso” dio al traste con el esquema de descentralización que arrancó a finales de los años 80 y para sustituirlo, puso en agenda la necesidad de construir una fórmula de descentralización sustentada en la idea de participación directa de la población, a través de la creación de instancias de organización de base, de dimensión comunal, y la incorporación de mecanismos de consulta para procurar su incidencia en la definición de las políticas públicas nacionales, así como la creación de la figura de la contraloría social para promover el control ciudadano sobre el ejercicio del poder.

A esta fórmula de descentralización que el “proceso revolucionario” se ha propuesto crear, la acompaña el debilitamiento progresivo de la democracia representativa, un esquema de concentración del poder político -que terminó de borrar los precarios límites existentes entre los poderes públicos y que atenta con acabar definitivamente con los restos del viejo esquema descentralizado-, una sustitución de la incipiente “profesionalización” de la función pública por la “partidización forzada” de los funcionarios y todo esto marcado por una fuerte exclusión política y fractura social derivada del uso de la polarización como táctica principal para ejercicio del poder político.

Hay muchas otras dimensiones constitutivas de este “combo revolucionario”, a las que no haré referencia en este escrito, porque las mencionadas son suficientes para dibujar el ambiente político en el que se desarrollan los preliminares de las elecciones parlamentarias, ambiente que mucho se aleja de la “democracia” que conocimos y que poco se parece a los esquemas de talante realmente democrático que apreciamos en otros países del mundo.

En este ambiente conformado por una institucionalidad prácticamente destruida, solapada con otra proyectada a medias, cuyas reglas de juego cambian permanentemente, coexiste la necesidad de la acción organizada y de la actuación de los grupos de intermediación política, con la visión anárquico-asamblearia, en la que cada quién cree tener la capacidad para determinar y definir el destino de todos, con el sólo hecho de alzar su voz disidente. Es en este ambiente en el que se desarrolla un nuevo esfuerzo por construir una plataforma de unidad de la sociedad democrática.

Sin embargo, en este momento, hablar de esa unidad en términos reales y profundos, es una falacia, porque una unidad de ese tenor requiere un planteamiento de partida diferente: la procura de una opción que permita unificar, no a los grupos opositores, sino al país en torno a un proyecto que nos impulse a salir de la crisis generalizada cuyos orígenes preceden, al menos en un par de décadas, al inicio de este gobierno. Con esto no quiero decir que, en este momento, no exista una unidad posible. Pero esa unidad no pasa de ser la construcción de una “opción unitaria” para las elecciones de la Asamblea Nacional que se realizarán el 26 de septiembre y que se traduce en un listado de candidatos y suplentes por circuito electoral y de una base programática que sustente la agenda legislativa que este grupo de candidatos promoverá en esa instancia, una vez electos.

Esta es la misión de la denominada Mesa de la Unidad Democrática, ser una instancia político-operativa para hacer posible la construcción de una opción unitaria para las elecciones del 26S, una tarea, por cierto, nada sencilla. Pero es ésta misión y no otra, a pesar de que muchas personas, incluyendo a muchos miembros de la mesa, esperan que adopte los roles de dirección y de operadora política a la vez, reclamando su pronunciamiento y coordinación de acciones en todos los eventos de la dinámica política nacional que lo ameriten. Pero además, es necesario precisar que se trata de una instancia de operación política, constituida para un fin muy específico, no para organizar las acciones que, en general y producto de las directrices de una instancia de conducción política, se requieran.

Ni los alcances de la unidad posible, ni la misión específica de la MUD ameritan que ésta sea tomada como la nueva “tabla de salvación” del movimiento opositor, tal y como lo hizo mucha gente con los estudiantes en un pasado muy cercano. Por cierto, que esta inmadura manía de aferrarse a personas o eventos circunstanciales, no es más que la expresión de una típica patología política que hace que la mayoría de los venezolanos estén en la búsqueda permanente de un Mesías que resuelva de tajo los problemas del país y crea en la existencia de una acción mágica que devolverá o creará, dependiendo del caso, en un abrir y cerrar de ojos, la calidad de vida pretendida.

La modesta misión para la que se formó la MUD es compleja y llena de dificultades que se derivan, incluso, de la naturaleza misma de su constitución, porque se trata de una instancia en la que deben hacer vida partidos, organizaciones no partidistas e individualidades con influencia, poder y pesos políticos diferentes. Hay partidos políticos de diversa talla, así como organizaciones no partidistas de distintos campos, con diverso grado de influencia y reconocimiento en la sociedad. Ni hablar de las personalidades cuyas trayectorias y reconocimiento público pueden ser muy diversos. Todos ellos con proyectos específicos que, en el caso de los partidos políticos, incluyen planteamientos ideológicos que en muchos temas pueden dar origen a diferencias que resulten irreconciliables. Adicionalmente a ello, se suma la diversidad regional, ya que, esta tarea la MUD decidió asumirla de forma descentralizada, por lo que en cada uno de los estados y municipios del país, funciona una instancia de este tipo, con complejidad y dificultades propias.

Ya el sólo hecho de construir unas reglas de juego que permitan la máxima inclusión posible, en un marco que se haga justicia y respete a las organizaciones, constituye una tarea titánica que, sin un referente electoral previo que permita tener noción de influencia y peso político, requiere una mano muy firme para evitar que, como en otras oportunidades, el espacio de encuentro, se disuelva o pierda efectividad, por una ilusión “participativa” que no es realmente inclusiva. De hecho, difícilmente se logre un acuerdo con el que todos nos sintamos satisfechos y eso es natural a un proceso tan complicado y complejo. Pero adicionalmente, y producto de la falta de comprensión sobre la naturaleza de este fenómeno, es que encontramos “ individualidades” quejándose por no tener “representación” en la mesa y también, organizaciones que prefieren ver los toros, y criticar, desde la barrera, preferiblemente delante de un micrófono.

Constituida con todos los defectos que tiene, en el cumplimiento de su misión, la MUD debe atender, al menos, tres dimensiones de trabajo. La primera de ellas es la elaboración del listado de candidatos con su la agenda legislativa, es decir, la construcción de la oferta electoral que presentará al país. Hasta el momento, y de acuerdo a las reglas aprobadas, para la elaboración del listado, la MUD apela a dos mecanismos: el acuerdo y las primarias. En este preciso momento, nos encontramos casi al final de la primera parte de este proceso, que, hoy debía haber sido presentada al país y que por las dificultadas propias de la construcción de consensos, fue postergada para después de Semana Santa.

La construcción de la lista de candidatos, ha sido un proceso intrincado que se ha desarrollado en diversas instancias de la MUD a lo largo y ancho del país, en un ambiente político adverso, signado adicionalmente por la tensión que ha intentado imprimir al trabajo de la mesa, la promoción, hecha por algunos grupos e individualidades, de un cambio en las reglas de juego acordadas, que propone la realización de primarias en todo el país. Muchos han sido los intercambios acerca de la factibilidad e idoneidad de esta propuesta, así como muchos han sido los cuestionamientos al trabajo de la mesa, basados en una supuesta actitud de los partidos políticos a excluir candidaturas, por preservar sus propias “agendas”.

Sin pretender abogar por un comportamiento intachable de la MUD, es importante recordar que los intereses particulares - cuya existencia es la base fundamental de la mencionada crítica- son naturales a las personas y a las organizaciones y además de natural, es deseable que existan. Por otra parte, los intereses colectivos no surgen de la nada, son determinados por las personas y por tanto, deben ser reconocidos por ellas para que se puedan identificar como tales, y nadie puede apropiarse del derecho a definir cuál es el interés colectivo sin contar con el concurso de los demás. Adicionalmente, lo ideal es que, antes que esperar que las personas y las organizaciones antepongan los intereses colectivos a los suyos, es preferible éstas que asuman dichos intereses como propios. Es por eso que la crítica romántica que propone que los partidos políticos hagan de lado sus agendas particulares, y los candidatos independientes sus agendas personales, para pensar primero en el país, carece de sentido propositivo, pues olvida que tanto los partidos como las individualidades, actúan desde la visión de país que tienen y de los intereses que reconocen como colectivos. La tarea entonces es la construcción de una visión colectiva, pero esa no es precisamente la tarea que tiene asignada la mesa, por tanto, la construcción de la lista y la agenda legislativa, tendrá que seguirse fraguando con base en la realidad política que tenemos, hasta que logremos que esta cambie.

Así, una vez presentada la lista con los acuerdos y realizadas las primarias, tendremos, en cuanto a candidatos, la mejor oferta electoral posible de acuerdo a nuestra realidad política. Esperamos que la combinatoria que se alcance, tenga al menos un buen balance que permita a la mayoría sentirse reflejada o representada en dicha oferta. El que tengamos claros los posibles alcances de este resultado, no quiere decir que no aspiremos a una mejor oferta, pero para avanzar y transformar nuestra realidad política, se requieren importantes cambios de fondo, tanto en las organizaciones de toda índole, como en la ciudadanía en general.

Por otra parte, para que ese listado de candidatos pueda ser electo, se necesita una campaña robusta y una maquinaria electoral que se encargue desde el apoyo a las actividades de campaña de los candidatos, hasta el cuidado de los votos el propio 26S. Esta segunda dimensión de la tarea, si bien se coordina desde la MUD, se instrumenta o se orquesta con el concurso de cada una de las organizaciones y de los grupos de apoyo ad hoc, constituidos en torno a este proceso electoral y a sus participantes. Esta dimensión es muy delicada y requiere también un esfuerzo especial, porque la campaña debe llegar a todos y cada uno de los rincones del país con una oferta electoral unificada, lo cual, no es nada fácil cuando ello está precedido de por proceso de primarias, en el que cada uno de los pre-candidatos ha trabajado por su propia propuesta de agenda. La construcción de una agenda legislativa para la oferta electoral unitaria, debería formar parte de la primera dimensión de la tarea de la MUD, pero en ella se requiere el concurso de todos, las organizaciones, las individualidades y los pre-candidatos. Esa, hasta ahora, es una delicada tarea pendiente.

Pero hay una tercera dimensión que es imprescindible para el óptimo cumplimiento de la tarea de la MUD: la constitución del listado de candidatos en un equipo de trabajo legislativo. En esta dimensión tienen responsabilidad las organizaciones que participan en la MUD y los propios candidatos. En esta parte de la tarea se requiere, entre otras cosas, de una declaración expresa de candidatos y pre-candidatos, en la que se comprometan tanto a ser efectivamente la voz que permita a los electores tener peso e incidencia en la definición de las políticas nacionales, como a construir un equipo con el resto de los candidatos de la opción unitaria que actúe, de forma concertada, en la definición de la agenda legislativa a impulsar desde la AN y de las estrategias y tácticas que seguirán una vez en ejercicio. Esto, entre otras cosas, requiere una búsqueda de consensos y disciplina muy alejada de los micrófonos a los que muchos están acostumbrados a acudir, cuando su posición no tiene éxito frente a la mayoría y sería ideal que el anuncio de la lista de candidatos que la MUD tiene pendiente, esté acompañado de un texto que enuncie el compromiso de candidatos y pre-candidatos, en el marco de la construcción de esta opción electoral unitaria, para que sea suscrito por ellos.

Finalmente, cabe recordar, que al igual que con lo que sucede con la MUD, los diputados que resulten electos de esta opción unitaria, tendrán una misión muy específica, no serán ni los nuevos Mesías, ni estarán dotados de una varita mágica. En lugar de ello, en lugar de ser asumidos como la futura “tabla de salvación”, tendrán, como la MUD, que moverse en el campo del tejido y la filigrana, para lo que, tanto los candidatos como sus electores tienen que tener muy claro que las dos demandas aquí enunciadas están en tensión, porque estos parlamentarios, además de buscar un efectivo mecanismo para lograr ser la voz de sus electores en las discusiones sobre lo nacional, por la coyuntura política, tendrán que concertar con el resto del equipo las posiciones y estrategias más adecuadas, pero ambas demandas se derivan de lo se perfila que será el ejercicio parlamentario en un ambiente político como el descrito al inicio de este texto.

Olga Ramos

31032010

olgaramos62@gmail.com

Adoctrinamiento e ignorancia ¿una mezcla explosiva? / Olga Ramos

Notas sobre contenidos de historia y materiales de apoyo para estudiantes...

Ayer estuve en un diálogo/entrevista que organizó la USB, en el marco de su aniversario, en el que Joaquín Marta Sosa comentaba y preguntaba a Ana Teresa Torres sobre su último libro "La herencia de la tribu". (estuvo realmente interesante, tanto la participación de los protagonistas del diálogo/entrevista, como las intervenciones de los profesores que se encontraban entre el público)

En ese espacio y a la salida, conversamos, entre otras cosas, sobre la posible incidencia de los libros de historia de Venezuela y ciencias sociales utilizados en la escuela básica, en algunos rasgos de nuestra idiosincrasia y en la proliferación de cosas como el culto a Bolívar, la conversión de éste en una especie de "religión política" por parte de los que se autodenominan "revolucionarios bolivarianos" y en una lectura de nuestra historia casi  exclusivamente sustentada en las "hazañas militares" con un alto desconocimiento de los aportes civiles en la construcción de nuestro país.

En lo personal, pienso que, además del énfasis militar, tenemos una aproximación "puntillista" a nuestra historia que nos limita a verla sólo a través de grandes momentos, sin la perspectiva de proceso, por lo que es muy difícil que apreciemos los aportes, del signo que sean, que cotidianamente todos hacemos para construir el país que tenemos.

Como colofón de esa conversación, uno de los profesores de la USB  mencionó que tenía en clase alumnos que desconocían a tal punto nuestra historia contemporánea, que no sabían quién era Rómulo Betancourt.

El contenido del intercambio y esa afirmación del profesor de la USB, me hicieron llegar a casa y revisar los libros de educación básica que tenía, y hacer una exploración por algunos portales de internet dedicados a apoyar a los niños en la realización de tareas. Además, lancé, en la madrugada una pregunta tipo trivia. La pregunta fue la siguiente:

"#twittertrivia: ¿Cuáles fueron las características relevantes y hechos que merece la pena recordar del gobierno de Rómulo Betancourt?" (las respuestas fueron muy pocas, todas bienvenidas. Esto quizá no sea síntoma de nada, pero podría serlo...)

Escogí esa pregunta, además de por el mencionado comentario del profesor, por lo que hallé en uno de los portales revisado. Se trata del portal de la RENa.

RENa es una red creada en la época de Caldera 2 por Reacciun y la ULA. Conocí su proyecto inicial y sus primeros pasos. En algún momento, le perdí la pista, pero como verán si exploran en este enlace (http://www.rena.edu.ve/index.html) el proyecto continúa auspiciado por la ULA, pero también por FUNDACITE Mérida y por el ME. Claro, su propósito ha cambiado un poco, pero mantiene la lógica de servir de apoyo a las actividades escolares.

Navegando por la página se pueden ver los recursos que prepararon sus autores, para ayudar a los estudiantes a hacer sus tareas en las diversas áreas a lo largo de educación inicial y básica. De ellos, escogí tres para que los vean:

El primer enlace, es un cuadro que contiene las "fechas importantes" de acuerdo al programa de historia de la primera etapa... al menos, hay un detallito que les debe llamar poderosamente la atención y que habla mucho sobre la calidad y profundidad de los materiales allí contenidos.

http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Historia/fechaspat.html

El segundo enlace corresponde al denominado, por los autores de los contenidos, como "período político en la Venezuela democrática 1958-1974" en la segunda etapa de la educación básica:

http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/HISTORIA/aspectosr.html

En él se puede apreciar la visión de los autores sobre el gobierno de Rómulo Betancourt, lo que merece la pena recordar y aprender de ese momento en la vida del país... sin comentarios...

Y finalmente, el tercer enlace de esa página, es el último punto del menú de historia para la segunda etapa, se llama "la quinta república"...

http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/HISTORIA/quintarep.html

Después de leer el texto de este enlace, los invito a que hagan la actividad interactiva, en la que se evidencia lo que a los autores les parece más importante que los niños aprendan de lo leído....

Esto, además de escandalizarnos por la superficialidad y pésima calidad de los contenidos, nos permite tener una mejor visión de lo que algunos consideran un material de utilidad para apoyar el proceso de aprendizaje de nuestros niños en las escuelas.

Para finalizar, seguí con la exploración del portal y busqué el documento que debería contener el currículo, y en él, los programas de estudio vigentes sobre los que sustentaron, como bien insisten sus autores en todas las partes del site, la elaboración de los contenidos para los estudiantes. Y ¿qué tal que el documento que colocan como currículo vigente es el papel de trabajo que el ministerio de educación echó para atrás la última vez que amenazaron con cambiar el currículo?

Los invito a que exploren esta web y que se paseen por las secciones correspondientes a ciudadanía y a historia, pero también que revisen los materiales de las otras áreas y hagan sus apreciaciones sobre la calidad de los mismos. Si quieren hacer comentarios al respecto, los invito a escribirme a olgaramos62@gmail.com

Que nadie empuje que va en bajada! / Olga Ramos

(Comentario a propósito de la nota de mi querida tocaya OlgaK http://www.facebook.com/notes/olgak-de-aguirrebeitia/y-si-se-cae/286667077605)

Que nadie empuje que va en bajada!

Que nadie empuje y seguro que muchos se apartarán pretendiendo no caer estrepitosamente en ese barranco político!

Que nadie empuje, que intenten apartarse los que quieran, pero que todos sepan, que a todos nos quede clarito, que va en bajada arrastrado por un país que va en bajada delante.

El puede caer solito o ser sacado por los votos, pero la caída del país parece indetenible y esa, es nuestra propia caída, la que nos va a costar horrores revertir, mucho más porque seguimos no estando preparados y dispuestos para ello.

El será recordado, en el mejor de los casos, por su estrepitoso fracaso, por haber dilapidado el más grande capital político de nuestra historia contemporánea y la mayor fortuna de la que ha gozado el Estado.

Pero nosotros tendremos que vivir con las consecuencias del fracaso, el suyo y el nuestro y podemos ser recordados como la conjunción de generaciones fantasiosas que esperamos siempre una salida mágica o "despertar de una inmerecida pesadilla", que no pudimos apreciar, y menos reconocer, nuestra responsabilidad en lo sucedido; o podemos recordarnos y reconocernos, como las generaciones que aprendimos de nuestros errores y reconstruimos una vida republicana y una sociedad digna para Venezuela!

Con el alma en septiembre, aunque parece que fuera junio / Carin Ludeña

Como dice una amiga, parece que fuera junio y en realidad solo estamos saliendo de enero. En efecto este año ha comenzado de manera intensa.

Pero a pesar de la intensidad y de la urgencia, o probablemente justamente por ellas, no podemos perder la calma ni los horizontes. Yo no creo que yo tenga ninguna varita mágica para ello, pero he querido compartir algunas reflexiones en esta dirección a partir de varias cosas que he leído y discutido en este último e intenso mes.

En primer lugar, no creo que esto es una pesadilla. A decir de Osío Cabrales, esto implicaría que uno puede despertar de ella y eso no es posible. El país se ha venido degradando desde hace mucho tiempo. Desde finales de la década de los 80 sabíamos que la pobreza crítica aumentaba y a pesar de las múltiples voces de alerta pensábamos que eso no traería consecuencias. En 1998, luego de la innegable señal de desconducción y descontento que fue el caracazo y luego de dos golpes de estado, el país, con más de un 60% de pobreza crítica, ganado por la idea de la apolítica y gerencia, se debatía entre una miss y un teniente coronel, ex golpista, que nos ponía en bandeja de plata la ilusión de la gloria pasada y la mano fuerte. El último ganó promovido por la clase media, los medios, el sector industrial y en general la celebración nacional del fin de los partidos, la mediocridad, la corrupción y la llegada del sueño de hacernos gloriosos y ricos.

De la muy interesante obra de Ana Teresa Torres, es fascinante ver como ese discurso nos logró conmover a todos, siendo que el discurso no se ajusta a ninguna memoria real, pues nunca hubo una gloria pasada (Bolívar en una correspondencia privada en 1830 pontificaba que lo único correcto en América latina era emigrar: que era un continente de ignorantes y avaros, flojos y malagradecidos). De todos los países del continente, Venezuela fue el más desvastado por la guerra de independencia (guerra civil, por demás), con la economía en el suelo y la desaparición de más del 30% de la población. Esta situación nunca logró mejorar durante todo el siglo XIX, desgastada por otra larga y cruenta guerra civil, ni por los inicios del XX, signado por una dictadura y una economía rentista. La verdad, el único momento en que el país creció económicamente, redujo la pobreza, los índices de mortalidad materno infantil, puso en práctica un sistema de atención médica, aumentó de manera significativa el acceso a la educación media y superior, creó infraestructura (acueductos, sistemas de creación y distribución nacional de energía, redes viales y de obras sanitarias) e institucionalizó la administración del estado fueron los primeros años de la democracia después del 58. Hasta mediados de los 80, el 30% pertenecía a la clase E (voy a seguir la necesariamente simplista división en clases E, D, C, B y A, siendo la última los dueños de los medios de producción), el 60% a las clases D y C y el 10% a las clases B y A. Sin embargo, el modelo y el sueño de progreso comienzan a hacer agua: la exclusión económica y política comienza a contrastar demasiado con el discurso de prosperidad y luego de los intentos de volver al sueño perdido de riqueza sin límites y redistribución en una economía todavía rentista, decidimos, sobre todo los no excluidos o los que temíamos serlo pronto, dejar la idea de construcción institucional y volver al mito: la gloria pasada, los héroes (pero para entender esto es mucho mejor el libro de AT Torres que cualquier cosa que yo pueda chapucear aquí). Curiosamente, los super excluidos, no participaron en el proyecto chavista hasta mucho más tarde en el 2003, luego del golpe y la creación de las misiones. Hoy en día el apoyo de Chávez nace de un sector diferente del que lo llevó al poder originalmente en el 98. Es decir el famoso 33% del hard core chavista, que ahora es más bajo por cierto, no proviene del mismo sector. Como tampoco los ninis, que ahora suman un impresionante 45% de la población. Muy curiosamente también, de acuerdo a los últimos datos el proyecto revolucionario no ha resuelto sin embargo el origen de la situación que lo llevó al poder: el 53% de la población es clase E, el 30% clase D y el 20% restante clase C, B y A. 

Esta contradicción es posible pues la política oficial, además del discurso de recuperación de glorias y héroes pasados, de buenos y malos, ha favorecido la ayuda directa a los sectores más necesitados que ahora, a diferencia de antes, comen tres veces al día. Esto se ha hecho en el marco de la consagración de un modelo de partido único, autoritarista y anti-institucional que entre otras cosas ha destruido la economía, las empresas de servicios públicos, las redes hospitalarias y hasta los procesos más triviales de administración del estado al promover en todos los ámbitos la fidelidad política por encima del conocimiento o de la capacidad. Estamos viviendo los resultados de la no inversión en la producción de energía eléctrica, pero se nos viene encima algo mucho peor, cuando ya resulte evidente el efecto nefasto de más de 7 años de reinversión insuficiente en la industria petrolera. Por otro lado, para que funcione, el proyecto necesita de la construcción de un estado paralelo, controlado desde el ejecutivo, donde no tiene cabida la idea de separación de los poderes y que en estos momentos de estrechez económica entra en flagrante competencia con el estado institucional, para llamarlo de algún modo, cuyo presupuesto sí pasa por la asamblea. El otro no: se saca de pdvsa, con la anuencia del BC y se distribuye, sin control ni supervisión alguna por canales más partidistas que estadales. Aquí, entre otras cosas podemos ubicar la creación de los cuerpos armados para institucionales auspiciados y alentados por el gobierno.

El haber favorecido el apoyo directo, cosa que evidentemente agradecen los que comen 3 veces al día cuando antes no, en el esquema anterior está comenzando a hacer agua de manera evidente por todos lados, aún para los que agradecen comer 3 veces al día cuando antes no. Y es que la falta de agua, de luz, de seguridad, de empleo, de infraestructura básica, empiezan a competir con la comida. Este descontento está surgiendo en las encuestas y el gobierno lo sabe. Como no puede hacer otra cosa necesita radicalizar el conflicto, crear violencia, dividir a sus opositores, pero sobre todo llevar la discusión lejos de sus predios, convertir la crítica en una crítica que solo interese a un sector, alejado de las mayorías y sobre todo evitar que el país pueda hacer click con un nuevo proyecto, denunciar que este hizo agua, que no está resolviendo los problemas y que en su afán de controlar el poder está destruyendo nuestro futuro.

Este año hay elecciones legislativas. Parece poco importante pero no lo es: el control del presupuesto y de la administración del estado, el impedir la construcción del estado paralelo sería, y el lo sabe, un golpe mortal para el proyecto. A pesar de todas la maniobras tenemos la posibilidad real de lograr el 42, 45% de la asamblea. Esta cifra no es mayoría pero lo haría tener que negociar: con sus propios sectores pues el chavismo no es un bloque hegemónico y muy al contrario está lleno de contradicciones. Y con un poco más de esfuerzo podríamos ganar la mayoría de la asamblea. Esto sería el principio de una nueva realidad política en Venezuela, en realidad quizás el mejor de los escenarios pues obligaría a una política muy madura por parte de la oposición paralelamente a poner en marcha mecanismos para reactivar al país.

La posibilidad real, aparte del obvio propósito de lograr la unidad, tema muy avanzado en el que los partidos y la mesa han mostrado en general una actitud muy razonable, depende de la madurez, no sólo de la oposición sino de muchos más. De todos aquellos que no creemos en que esto es una guerra, o la antesala a una guerra civil, sino que hay que construir los mecanismos a como de lugar para resolver a) el problema de la exclusión económica y b) la recuperación de las instituciones, de lo público. Una parte de ello nace de entender que esta situación debe convocar a toda Venezuela. El cierre de RCTV es grave, muy grave, así como lo es el uso de la violencia del estado y la negativa a aceptar la protesta o la disidencia en cualquiera de sus formas. Eso lo sabemos. Pero un discurso que no incluya el problema de la exclusión no es serio en términos de lo que debería ser el actual propósito, es decir, proponer un proyecto de país posible. 

No hay que caer en la tentación de la violencia, no tenemos tiempo. No hay que caer en el desánimo, si vale la pena votar y mientras más votemos mejor y más contundente. No hay que caer en la tentación de los atajos, la única esperanza es la reconstrucción institucional del país. No hay que caer en la impotencia, ganar aunque sea el 42% de la asamblea marcará un cambio radical en la situación actual. No hay que caer en el sectarismo, el país por el que votemos debe enfrentar el problema de la exclusión, debe incluir propuestas concretas en esta dirección. 

Lo que nos toca en los próximos meses es una tarea difícil. Debemos ser adultos en este país tan dado a la adolescencia perenne. Debemos desechar los héroes y los mitos de grandeza y dedicarnos a convencer al país entero no solo de que por esta vía vamos por un despeñadero, sino armar una propuesta: cuales leyes? Porque el control del presupuesto? Como enfrentaremos los graves problemas en educación y salud, en energía? Toca volvernos militantes de la institucionalidad, crear una campaña Para que sirve la Asamblea (esta es una idea genial que le escuché a JD Mujica hace poco y que creo que hay que promocionar). Toca militar e ir de puerta en puerta en nuestras circunscripciones. Toca hacer país. 

Y bueno, ese es mi sueño. Reflexivos

Saludos,

Carin Ludeña

Intentando exorcizar el escalofrío de la violencia

A la memoria de Gonzalo Jaurena y 

de Jesús Eduardo Ramírez Bello, 

dos caras de una triste moneda

Días como hoy hacen presente el escalofrío sentido cuando nos enteramos de la "masacre de tazón" en 1985, el mismo sentido unos años más tarde cuando la policía detuvo manifestando a Gonzalo Jaurena, lo torturó y devolvió a su familia asesinado...

El escalofrío que en esa época sentimos muchos, ante la terrible muerte del "Hippie" quién fue víctima de sus amigos, los encapuchados, que lo entusiasmaron, a quiénes inocente y románticamente acompañó, y quiénes, sin proponérselo, le quitaron, de un tiro, la vida...

El mismo que también sentimos, cuando un salvaje pesado merideño, cegó de un tiro la vida a un estudiante, sólo porque se atrevió a orinar en la esquina de su casa...

O también el sentido cuando fuimos al Congreso Nacional y coincidió nuestra visita con la denuncia de unos torturados por razones políticas, quienes mostraban a Diputados y Senadores sus torsos morados, porque fueron molidos a coñazos en la DISIP...

También fue el mismo escalofrío sentido cuando nos apuntaba una pistola de la DIM a la cabeza, mientras un agente de civil nos pedía la cédula y nos dejaba seguir porque, creemos nosotros, no cabíamos en el Jeep en el que se llevaron detenidos a 4 de nuestros compañeros, que por largas horas no existían para los cuerpos de seguridad y sólo supimos dónde estaban detenidos, gracias a la amable y solidaria intermediación del Rector de la USB y de unos Diputados masistas.

Por cierto, nada diferente al escalofrío sentido cuando metieron preso a Tony y lo golpearon para tratar de que contara algo sobre lo que nada sabía...

Ese escalofrío que sigue grabado en mis recuerdos, también debería estarlo en muchos de los que hoy justifican o taparean salvajadas similares desde el gobierno.

Claro, ese escalofrío, pero más profundo, está también grabado en mis recuerdos del primer día en el que los grupos violentos del oficialismo decidieron que tenían derecho a atacar cualquier manifestación de protesta que en el país se hiciera. Ese día estábamos en el TSJ, acompañando al Sr Merhi en una huelga de hambre y llegó Lina Ron con sus grupos a atacarnos. Era como si pretendieran marcar el territorio y tomarlo por la fuerza. Y de hecho eso hicieron!

Ese día se instauró la violencia en las calles y la ciudad comenzó a fraccionarse en especies de ghettos…

Desde ese día, lo queramos aceptar o no, los violentos, guapos y apoyaos, nos declararon abierta y descaradamente la guerra.

Desde ese día el escalofrío es una sensación casi permanente y mi corazón se declaró de luto porque agonizan la paz y la democracia.

Pero ese día también tiene sus antecedentes en aquellos días de mediados a finales de los años ochenta, cuando el escalofrío lo sentíamos por el abuso de poder de los gobiernos, pero también por las manifestaciones que vaticinaban lo que hoy tenemos, el abuso de la fuerza y de la violencia.

Abuso que nos hizo sentir un profundo escalofrío la noche que estábamos en la FCU de la UCV en una reunión nacional y llegó un compañero con la cabeza reventada gracias a un cachazo que, por arrechera, le propinara uno de los miembros del violento grupo Venceremos que, en ese momento, hacía vida en esa casa de estudios.

O que sentían a diario los estudiantes de la UCV cuando los encapuchados armados caminaban libre y retadoramente por los pasillos o por la tierra de nadie, amedrentándolos sólo para demostrar que ellos eran los que mandaban en esos predios…

O cuando los llamados “los 12 del patíbulo” celebraban sus episodios de "foquismo", sus capítulos de su "lucha armada", regularmente los jueves... de ellos, recuerdo con especial escalofrío, el día que hirieron a Ingrid quién, estudiaba en la UCV, pero por precaución y porque no pudo entrar a tiempo, estaba viendo la manifestación desde afuera, detrás de la policía y a quién, desde su alma máter, alcanzó una revolucionaria bala…

Ellos, los que siempre se defendían diciendo que no tenían armas, protagonizaron el evento que, de todos esos, recuerdo con más escalofrío: el día que, en medio de uno de los tristes “capítulos de la lucha armada”, la herida fue una niña de 8 años, a quién la bala le llegó, como a Ingrid, desde dentro de la casa de estudios, pero le pegó por la espalda...

Allí estaba el germen de lo que vivimos en estos días y quizá, algunos no recuerden el escalofrío porque no lo sintieron y también quizá, para muchos otros, el escalofrío que compartimos, sólo lo sintieron porque, en ese momento, estaban de este lado de la cerca…

Olga Ramos
09122009 (en la madrugada)

Presentación Sobre Unidad / Ricardo Sucre

Para que todos puedan conocer la presentación del amigo @rsucre sobre unidad. Las láminas a continuación:

Comentarios y preguntas a @rsucre por twitter.

Ideas sueltas sobre la unidad para las parlamentarias / Olga Ramos

Como en todos lados, un tema que ha acaparado la atención de buena parte de los twitteros venezolanos en estos días, es la construcción de una opción de unidad para las elecciones parlamentarias. El tema es muy amplio, por lo que tratar de abarcarlo por completo, es demasiado ambicioso, además, lo complejo del mismo, hace que no sea fácil presentar un cuerpo estructurado de ideas que no resulte superficial o incompleto. Así que me limitaré a exponer algunas ideas sueltas sobre la unidad que espero contribuyan a la discusión.

Pero antes de entrar de lleno en los temas propios de la construcción de la unidad para las elecciones parlamentarias, es importante hacer unas consideraciones previas.

La primera consideración previa es la naturaleza de la lucha que vivimos en Venezuela. A riesgo de dejar algunos puntos de vista en el tintero, pero sin la pretensión de abarcar todos los existentes, me atrevo a decir que, en términos de la naturaleza de la lucha que vivimos, podemos identificar varias opciones. Para algunos, se trata de una simple lucha en contra de un gobierno que le resulta como una especie de piedra en el zapato para lograr sus objetivos; para otros, se trata de una lucha en contra de un gobierno y un proyecto político específico que no comparten; para algunos otros, se trata de una lucha de los sectores democráticos versus los sectores no democráticos del país (en este caso coexisten varias visiones de lo que es y debe ser “democrático” en la dinámica política nacional); y para los otros, entre los que me encuentro, se trata de una lucha por la salida de Venezuela de la crisis político-económica y social en la que se encuentra desde hace bastante más de 10 años. La naturaleza de la lucha se desprende de una visión diferente del problema frente al que nos encontramos y obviamente, marca de forma crucial y definitiva, tanto los objetivos que se persiguen, como los mecanismos que se utilizan para alcanzarlos. Esto hace que, en buena parte de nuestras discusiones, pareciera que estamos hablando de las mismas cosas, pero como efectivamente se parte de visiones distintas, los mecanismos y los acuerdos que se consideran válidos, terminan siendo bien diferentes.

Y aunque parezca de perogrullo decirlo, si no tenemos claro que existen estas diferencias y trabajamos para acordarnos en torno a la visión del problema y la naturaleza de la lucha, todo lo que hagamos tendrá problemas de eficacia y efectividad y siempre parecerá que cada quién está halando para un lado, porque, realmente, eso es lo que estamos haciendo. Afortunadamente, las diversas naturalezas de la lucha identificadas, se tocan en algunos puntos y eso nos ha permitido, hasta ahora, pasar por coherentes e instrumentar acciones conjuntas y nos lo seguirá permitiendo, sin embargo, siempre a costa de nuestra eficacia.

La segunda consideración previa es relativa al ámbito más apropiado para trabajar en esta lucha y que determina el foco estratégico que se le da a la misma. No es una novedad que la mayoría de la gente considera de importancia estratégica para la lucha que está librando, el acceso al poder en el nivel nacional de gobierno, esto se ha enfatizado en los últimos años, en especial por las prácticas de concentración del poder y de manejo de los recursos, de los que se ha valido el ejecutivo nacional para minimizar la capacidad de acción y la fuerza de gobiernos regionales y locales. Obviamente tenemos que estar claros en que el uso y manejo de los recursos y las reglas del juego que se hacen desde el nivel nacional, restringen la capacidad de maniobra de los gobiernos regionales y locales. Pero, a pesar de tener eso como premisa, el espacio local, es el espacio de convivencia por excelencia, en el que se concretan cotidianamente las necesidades de la población y se experimentan las consecuencias de las respuestas que a ellas se dé, a través de las políticas públicas desarrolladas en todos los niveles de gobierno. Por ello, ya sea para la construcción de una sociedad efectivamente democrática, para combatir un proyecto político no compartido o para la salida de la crisis del país y la reconstrucción de la unidad nacional, de la paz y de la gobernabilidad, la cohesión y el buen manejo de lo local, es de importancia capital. Sin ello, no tenemos muchas posibilidades de alcanzar los objetivos macro. En este marco cabe reflexionar sobre el lugar que ocupa la elección de la AN en las estrategias de nuestras luchas (el plural responde a la diversidad de naturalezas de la lucha antes identificadas) algo que, por obvio, puede no parecer importante.

Para ello, haré algunas precisiones:

1. Lo primero que quiero precisar es que aunque la AN es un órgano legislativo estratégico e importantísimo para la vida del país, no es el único. Están los Consejos Legislativos Estadales y los Concejos Municipales que, en términos del impacto que pueden tener en la calidad de vida de las personas, son instancias con un valor estratégico nada despreciable.
2. Lo segundo que es importante precisar, es que en términos de intermediación entre el gobierno municipal y los ciudadanos, las Juntas Parroquiales cobran una importancia significativa, por la función que tienen, a pesar de que ésta ha tratado de ser minimizada con la creación de los Consejos Comunales. Sin embargo, es importante tener en cuenta la diferencia: los Consejos Comunales tienen una relación de intermediación teórica con los gobiernos locales a través del Consejo Local de Planificación, pero fundamentalmente y en la práctica, su relación de intermediación es con el ejecutivo nacional, por lo que su valor estratégico para el gobierno central es elevado, mientras que los gobiernos locales pueden apoyarse en las Juntas Parroquiales para mantener claros y efectivos canales de comunicación con la población.
3. Finalmente, es necesario precisar que en el 2010 se realizarán las elecciones para escoger a los diputados de la AN, pero también las de los Concejos Municipales y las Juntas Parroquiales de todo el país. En el 2005 la cantidad de Concejales y miembros de las Juntas Parroquiales electos fueron 2.389 y 3.207 respectivamente. Para las próximas elecciones las cifras pueden ser similares. Esto implica la necesidad de contar con casi 6.000 personas con capacidad y vocación de servicio, pero también con ambición de poder que estén dispuestos a asumir el reto de lanzar su candidatura a estos espacios y que una vez electos, lo estén a realizar la más impecable y mejor de las gestiones.

De allí que, para la construcción de una estrategia de lucha que pueda dar resultados efectivos y sostenibles a largo plazo, es necesario replantearse el peso que están otorgando, tanto los ciudadanos de a pié, como los militantes y simpatizantes de las organizaciones políticas, a estos dos eventos electorales y a la construcción de opciones de unidad en torno a ellos.

Hechas estas consideraciones, entrar en el terreno de la discusión sobre la construcción de la unidad para las próximas elecciones, desde mi punto de vista, no está relacionado con hacer apreciaciones o lanzar argumentos a favor o en contra de las primarias versus los acuerdos o sobre los beneficios del uso de la tarjeta única, sino con analizar y discutir cómo se están sentando las bases para la construcción de esa unidad. Ante ello, tengo algunas preguntas que pueden ser generadoras del debate necesario, en buena parte ausente, hasta el momento:

1. ¿Se trata de un acuerdo de unidad coyuntural para abordar unas elecciones (la de la AN y las de Concejos Municipales y Juntas Parroquiales) o de un acuerdo de unidad más allá de la coyuntura? La respuesta a esta pregunta, independientemente de las diversas naturalezas de la lucha identificadas al comienzo de estas notas, definirá el tipo de unidad que se requiere construir, las características del proceso y las instancias en las que ésta se puede dar. En este caso, para mi, obviamente, debe tratarse de un acuerdo de unidad que trascienda la coyuntura electoral, pero si como país, aún no estamos listos para dar ese paso, no podemos condenar a priori, el que se trate de un acuerdo coyuntural para las próximas elecciones, lo que si tenemos que hacer es tenerlo claro y trabajar con esa premisa, para lograrlo en las mejores condiciones posibles.
2. ¿Quién construye las premisas sobre las que debe fundarse ese acuerdo de unidad? En muchos escenarios se discuten las premisas sobre las que debe fundarse el acuerdo, pero en ninguno, salvo un par de excepciones circunstanciales, se plantea abiertamente la discusión sobre ¿quién debe definir esas premisas? y ¿en qué espacio deben ser definidas? Esto sucede así, entre otras cosas, porque para algunos, parece estar claro que el espacio para definir las premisas sobre las que se funde la unidad, existe y es el constituido por los partidos, denominado “mesa de la unidad”. Pero para otros, esto no está tan claro y a pesar de que formalmente no proponen un espacio alternativo, utilizan varias estrategias para promoverlo de facto. Estas estrategias son de dos tipos, por una parte, están las que promueven alianzas alternas, ya sean virtuales o presenciales, de base o de élite, me refiero a la promoción de reuniones, encuentros e intercambios de diversa naturaleza con los que se persigue generar posiciones que “obliguen” a los diversos sectores políticos a ampliar la base sobre la que se construye la unidad o a incorporar elementos en la agenda de debate y decisión; y por la otra, están las que se concentran sólo en promover agendas alternas utilizando diversos medios de comunicación para imponer, vía “opinión pública mediática”, las premisas sobre las que se debe sustentar el acuerdo o alguna de las características que debe tomar el mismo.
Obviamente, el uso de las estrategias de los dos tipos no es excluyente, y ha de reconocerse que todas son “políticamente” válidas. Sin embargo, esto no quiere decir que su uso sea incuestionable, ya que sus consecuencias, positivas y negativas, ya se pueden apreciar, tanto en la propia dinámica de definición del espacio y las reglas del juego, como en la credibilidad de los actores que las emplean, pero también se aprecian y se podrán apreciar, en la calidad de los productos que del uso de ellas se obtenga -esto incluye a las candidaturas-, y también en la confianza que se genere, se mine o se deje de construir, en esta parte de la sociedad política y que afectará la credibilidad en la dinámica política que somos capaces de desarrollar, más allá de los procesos electorales.
3. Por otra parte, trátese de un acuerdo coyuntural-electoral o trascendente, no se puede concertar la unidad sin tener claro ¿para qué? esto es, sin establecer la agenda de trabajo que se promoverá a lo largo del proceso. La agenda es la que le da cohesión y sentido a la construcción de la unidad y al posicionamiento de una opción diferente de poder (sea ésta una agenda para construir una sociedad efectivamente más democrática, un proyecto político alternativo o una real salida a la crisis) A este punto, al parecer, no se le está dando la importancia que debe tener en las luchas existentes, se le trata de forma superficial o se posterga su definición, como si existiera un proyecto de país sobre el que todos estuviéramos de acuerdo y lo que estuviese en construcción fuese sólo la estrategia para alcanzarlo. Como colectivo actuamos como si compartiéramos las premisas de sociedad que queremos alcanzar, sin darnos cuenta de que nuestro mayor acuerdo, casi nuestro único acuerdo, es sobre la identificación de los problemas que vivimos o que nos afectan, cosa que paradójicamente es un gran-pequeño paso.
Este menosprecio que en la práctica le damos a la definición del ¿para qué?, nos impide ver su potencial transformador, ya que, aunque la unidad en este momento, se tratara de un acuerdo coyuntural y se tuvieran muy bajas expectativas de triunfo, si existiera una clara agenda legislativa, nacional y local, su promoción constituiría un propósito estratégico de lucha que abonaría el terreno con creces a cualquier proceso de transformación que se quisiera emprender, porque permitiría, entre otras cosas, poner en la agenda pública los temas y las alternativas que nos permitirían construir una Venezuela diferente y centrar la atención de la gente sobre ellos.
4. Otro elemento asociado a las bases sobre las que se debe fundamentar la unidad, es el compromiso de todos los actores para respetar y llevar a cabo los acuerdos. Esto incluye a los “líderes” de la unidad, a los candidatos que sean resultantes de la misma y también a todos los ciudadanos. No podemos participar en un proceso de construcción de la unidad, con la premisa de que, frente a las diferencias, en lugar de aumentar los esfuerzos por resolverlas, alguien se levantará y pateará la mesa. De hecho, no podemos construir unidad sin que exista un compromiso explícito de respeto a la estrategia y las acciones que de ella se desprendan. Compromiso que debe traducirse en dos cosas fundamentales: un esfuerzo sostenido por lograr de verdad que los acuerdos alcanzados, los objetivos propuestos y la agenda de trabajo, se lleven a cabo; y la garantía explícita de no jugar “por la libre” cuando se vea la oportunidad de sacar dividendos personales o grupales, poniendo de lado los intereses colectivos legítimamente acordados en la unidad. Pero este compromiso, no es ni debe ser sólo de los candidatos o de la llamada “dirigencia”, sino de toda la ciudadanía que pretenda inscribirse en este proceso de construcción de unidad, ya que, muchas veces, los esfuerzos son desequilibrados y la omisión de un sector, o de la mayoría de la ciudadanía, es la que lleva al fracaso una buena estrategia propuesta. Ejemplos de ello, tenemos para regalar.
De la mano del compromiso, está la construcción de la confianza en un ambiente de desconfianza colectiva, por lo que un proceso que se desarrolle en él, debe contar, con compromisos éticos y de acción declarados y suscritos, por una parte, pero, por la otra, con la confianza como regla de juego obligada. Confianza y compromiso deben ser un binomio indisoluble sobre el cual construir una dinámica política diferente.
Está claro que frente a un ambiente de desconfianza colectiva como el que vivimos, tenemos, al menos dos opciones, caer en la tentación de una lógica maniquea que divide al mundo en buenos y malos, en interesados en los beneficios particulares versus los interesados en los beneficios colectivos; o trabajar por construir un ambiente de confianza, basándonos por una parte, en que podemos tener, y efectivamente tenemos, diversos puntos de vista sobre lo que sucede y cómo resolverlo; en que nadie es infalible, por lo que cualquiera puede equivocarse tanto es sus apreciaciones como en la estrategia que sigue o propone; y por la otra, en los compromisos explícitos y suscritos, así como en la firme decisión de confiar en el otro, porque como decía Isabel esta mañana, para construir un país diferente, es preferible confiar y equivocarse que no confiar. En este caso, las preguntas serían: ¿Qué tan dispuestos estamos a confiar en el otro y a respetar, de hecho, las diferencias? y ¿Qué tanto estamos dispuestos a asumir y suscribir los compromisos que se desprendan del acuerdo de unidad? -una forma de hacernos esta pregunta como ciudadanos es ¿qué tan dispuestos estamos a votar por los candidatos que nos correspondan, así no hayan sido los que más nos gustaban o no se haya utilizado el método de selección de nuestra preferencia?

La construcción de un acuerdo de unidad para las elecciones de 2010, es un escenario más que propicio para abordar algunos de estos temas, dejar de tratarlos como acuerdos “implícitos” y avanzar sobre ellos. Sin embargo, lograrlo o no, requiere el concurso de todos y depende de que logremos centrar los debates en lo esencial y superar la dinámica de “oídos sordos”, como la que tenemos actualmente en torno a los mecanismos de selección de los candidatos. Pero también depende de que aceptemos la diversidad, nos abramos realmente al debate y dejemos de tratar nuestro punto de vista como “el verdadero”, como la panacea dogmáticamente irrefutable con la que convenceremos e iluminaremos al resto de la humanidad. Si no lo logramos esta vez, aunque lo tratemos como “materia vista”, quedará efectivamente como materia pendiente, que seguramente servirá de aprendizaje a generaciones futuras.

Olga Ramos
03112009

Observaciones al Proyecto de Ley Orgánica de Educación (parte 2) / Olga Ramos (Asamblea de Educación)

Después de leer la última versión publicada por la Asamblea Nacional, por vía electrónica, se pueden apreciar algunos cambios, sobre los que haré algunos comentarios:

1. En los primeros 3 artículos, no se observa, ningún cambio, pero en el artículo 4, el que contiene la definición del Estado Docente, se agregó la siguiente frase “el Estado Docente se rige por los principios de cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”. Se entiende que una frase así, agregada al artículo en el que se define la naturaleza de la relación entre el Estado y el sistema educativo, indica que, en su actuación, seguirá esos principios y por tanto, debe estar recogido ese espíritu en el resto del texto legal y en los instrumentos de menor jerarquía que lo desarrollen. Estos principios se deben aplicar, tanto para la actuación que tengan las diversas instancias del Estado entre sí, como para la relación que se desarrolle entre el Estado y los otros agentes educativos. En este caso, es importante resaltar, que el espíritu de esos principios indica un tono en el tipo de disposiciones que se deben incluir en la ley, que no es precisamente el que se desarrolla en buena parte del resto del articulado.

2. Otro artículo que sufrió modificaciones que vale la pena comentar, es el artículo 5, el referido a las competencias del Estado Docente. En este caso las modificaciones a comentar, son dos:
a. En la sección 3, la relativa a planificación, ejecución y coordinación de políticas y programas, en el ordinal “b”, desapareció la mención a la “ley especial” que establecería la obligación del ejercicio profesional de los egresados universitarios en el país. Obviamente, en algunos legisladores, existe la idea de elaborar y aprobar una ley especial al respecto y nos preguntamos cuál es el propósito de la misma y si la desaparición de la mención en este artículo, significa que se desechó como idea o simplemente, se postergó su inclusión en el entramado de normas que legislarán los aspectos relativos a la educación en Venezuela.
b. En la misma sección 3, pero en el ordinal “g”, se agrega, a la actualización del currículo nacional, como objeto de las políticas y programas que adelantará el Estado, los textos escolares y los recursos didácticos. Tal como quedó la redacción, tanto el currículo, como los textos y los recursos didácticos, serán de “obligatoria aplicación” para la Educación Básica, lo que quiere decir, que con una frase, se decreta, con rango de Ley Orgánica, el uso de textos escolares y recursos didácticos como obligatorios. La presencia de esta disposición en el texto de la ley, no puede resultar una sorpresa debido a que, en los últimos 3 años, el ministerio de educación ha hecho anuncios concretos de la producción de textos escolares que serían de obligatorio uso en el sistema educativo. Sin embargo, es importante resaltar dos cosas: la primera es la inclusión de los recursos didácticos como insumos de uso obligatorio, lo cual restringe, la libertad de la actuación docente en el aula, a la vez que atenta contra el derecho de todos a tener una educación de calidad, ya que, sabemos que para lograr una educación de calidad para todos, los procesos que se desarrollen en las escuelas tienen que considerar la diversidad de los alumnos, sus necesidades peculiares y las diferencias individuales, por lo que establecer recursos didácticos de uso obligatorio, es un contrasentido. Y por otra parte, sabemos que la formación de un pensamiento crítico y el desarrollo de competencias asociadas al manejo y análisis de información, se favorece con el uso de diversas fuentes de información en el aula y fuera de ella, por lo que la restricción de los textos escolares a los obligatorios, es un considerable retroceso en la dinámica pedagógica de la educación básica en Venezuela.

3. En la segunda versión del texto, se incluyó una serie de artículos relativos a los medios de comunicación. Estos son, el artículo 8 y el numeral 12 del artículo 50 de forma directa y el artículo 9 que está dirigido a regular a cualquier medio utilizado por las personas, pero atañe directamente a los medios de comunicación también. De esta forma, si tomamos todos los artículos que tienen que ver con los medios de comunicación en el texto de la ley (5, 8, 9 y 50), tenemos una perspectiva que varía solamente en algunos aspectos con lo establecido en la actual LOE, ya que, en ella, los Medios son vistos como instrumentos esenciales para desarrollar el proceso educativo y como tales, se plantea que el Estado desarrolle y estimule realización de programas a través de éstos para capacitar a las familias y a la sociedad en la orientación a menores, para el tratamiento de las actividades y programas de la educación especial y para el desarrollo de la educación extraescolar. Además, en términos generales, se establece que el Ministerio de Educación orientará, para su incorporación en la labor educativa, a los medios de comunicación que están dirigidos por el Estado, pero el resto de los medios están obligados a cooperar con la tarea educativa y a “ajustar su programación para el logro de los fines y objetivos consagrados en la presente ley”.
En la propuesta de la AN, se inicia con una consideración especial a los medios de comunicación, incluida en la primera parte del artículo 5, en el que el Estado se compromete a garantizar las condiciones para lograr la articulación entre los medios y la educación, con el propósito de desarrollar “pensamiento crítico, la capacidad para hacer preguntas y construir mediaciones de forma permanente entre las familias, la escuela, y la comunidad”. Esta consideración pareciera un avance frente a lo establecido en la LOE vigente. Sin embargo, en las otras secciones del artículo 5 y en el artículo 8, se incluyen disposiciones que establecen directamente la intervención del Estado en la programación de los medios, no con el fin de orientar en función de la cooperación que debe existir entre Estado y medios de comunicación, de acuerdo al “espíritu” del Estado Docente definido en el artículo 4 del proyecto, sino, de intervenir directamente obligándolos a ceder espacios de su programación y estableciendo la capacidad del Estado para “democratizar” el acceso a los medios. Estas disposiciones se complementan, con la capacidad que se da al Ministerio de Educación y demás órganos rectores del sistema, en el numeral 12 del artículo 50, para solicitar la suspensión de actividades o publicaciones, cuando, sin debido proceso mediante, este considere que sus contenidos “produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres, la salud mental y física de la población”.

4. Relacionado con esto último, otro aspecto que llamó poderosamente la atención de las modificaciones al texto propuesto en la AN, es la inclusión del artículo 50, en el que se establece, como parte de las disposiciones transitorias un “régimen sancionatorio”. Al respecto, cabe resaltar, que es natural que, al derogar la LOE vigente con la aprobación del texto propuesto por la AN, quedarán algunos vacíos legales, dada la diferente naturaleza de ambos instrumentos legales (diferencia que ya se señaló en la primera parte de las observaciones) lo que ratifica lo inconveniente del cambio de la naturaleza del instrumento legal promovido por la AN. Sin embargo, incluir un artículo para establecer un régimen sancionatorio, así sea en las disposiciones transitorias, en primer lugar, es contrario al espíritu y esencia de una “ley marco” y en segundo lugar, no es la única forma de resolver los vacíos dejados por ese “error” legislativo. Una opción que se puede emplear, es la inclusión de una disposición transitoria que deje vigentes algunos de los aspectos de la LOE actual, mientras está elaborada y sancionada toda la legislación especial que se anuncia en el texto propuesto. Esto permitiría que el régimen disciplinario establecido en la LOE vigente y en su reglamento, se mantenga. Sin embargo, en ese articulado, no existen sanciones previstas para los medios de comunicación, ni para las instituciones de educación de dependencia privada, que son, la parece, el motivo de la inclusión del artículo 50 en el proyecto. Es importante, tener en consideración que, si se hace imperativa la inclusión en el proyecto de mecanismos de sanción para los medios de comunicación y para las instituciones educativas privadas, a tal nivel que se llega a romper con la lógica de una ley marco, en cuanto el tipo de normas que un instrumento de este tipo debe incluir, esto prefigura una intención de actuación del Estado, en lo que se apruebe y entre en vigencia el nuevo instrumento normativo.
Por cierto, en contraste con esta disposición, y llama poderosamente la atención que no se incluyan disposiciones en el “régimen sancionatorio”, relativas a la realización de las actividades de propaganda y proselitismo político que se prohíben en el artículo 10 del texto propuesto y que en este caso, se deje el desarrollo de este aspecto de la normativa a las leyes especiales y sus reglamentos, pero especialmente, llama la atención que en dicho artículo se diga que las “excepciones” a esa norma, serán desarrolladas a posteriori, lo que indica, a todas luces, la intención de establecer “excepciones”.

Hasta aquí esta segunda entrega. En las próximas horas continuaré con el análisis.

Olga Ramos (olgaramos62@gmail.com)
Asamblea de Educación (asambleadeducacion@gmail.com)
10 de agosto de 2009

Comentarios al texto de Ley Orgánica de Educación presentado el 5 de agosto de 2009 ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional

Primera parte/Olga Ramos

Ayer, 5 de agosto de 2009, los Diputados de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, fueron sorprendidos al entregárseles, casi directamente para la discusión, el tan esperado proyecto de Ley Orgánica de Educación. Obviamente, la sorpresa fue debida a que, hasta antes de ayer, no era conocido, ni por el país, ni por ellos, articulado alguno, a pesar de que en reiteradas oportunidades, la presidenta de la comisión, Diputada María de Queipo, anunció que esta semana lo presentaría ante la plenaria de dicha comisión para su discusión. Como era de esperarse, el articulado traspasó las paredes de la Asamblea y se encuentra colgado, en este momento, en diversas páginas en Internet. Sin embargo, no se trata del texto definitivo, sino de una propuesta de informe para segunda discusión que será debatido por la Comisión y posteriormente sometido a “consulta” a través del denominado “parlamentarismo de calle”.

Frente a lo sucedido y frente al articulado que aún se encuentra en debate, es importante hacer algunas consideraciones -sobre la forma y sobre el fondo-, una exigencia y una propuesta. Dado lo extenso de las consideraciones, comenzaremos por la exigencia y la propuesta. Adicionalmente, se aclara que esta es una primera entrega, en la que se hacen las consideraciones sobre la forma en que se está desarrollando el proceso, pero se tocan los aspectos de fondo de los primeros artículos, dejando para próximas entregas, las demás consideraciones.

I. La exigencia: Dado que el proceso de conversaciones sostenidas por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional con algunos representantes de diversos sectores del país, se hizo sin tener el documento del informe para la segunda discusión elaborado, y que, de acuerdo a lo afirmado por los miembros de la Comisión, la revisión que se inició ayer dará como producto un texto que se someterá al denominado “parlamentarismo de calle”, es imperativo que la mencionada comisión, publique y distribuya a nivel nacional el texto del informe para la segunda discusión, una vez sea terminada su elaboración y con él, se de a conocer y se distribuya el cronograma de consulta al que será sometido, incluyendo los diversos mecanismos de participación que se estipulen para ella. También es imperativo que el lapso para realizar la consulta cuente con el tiempo suficiente para permitir la participación y el intercambio de todos los sectores sociales interesados y de la ciudadanía en general y que los mecanismos sean incluyentes, esto es, que permitan la más amplia participación de los ciudadanos y las organizaciones, garantizando que no exista ningún tipo de discriminación.

II. La propuesta: Dada la naturaleza estratégica de la ley que está en discusión, se requiere que no solamente los Diputados de la Comisión de Educación conozcan los diversos puntos de vista que tengan los distintos actores sociales con respecto al texto propuesto, por tanto, se propone que se programen, como parte del proceso de consulta en el marco de la elaboración del informe para segunda discusión, una serie de debates en los que se presenten los diversos puntos de vista y que éstos sean transmitidos por radio y televisión para garantizar su mayor conocimiento y difusión a nivel nacional.

III.1. Las consideraciones: en cuanto a la forma

1. El documento que se está discutiendo no toma como base el proyecto aprobado en primera discusión, tal como se establece en la técnica legislativa. Un informe para segunda discusión debe contener el proyecto aprobado en primera discusión y hacer las modificaciones al articulado propuesto, a partir del ya aprobado. Esta no es la forma que tiene el texto que se está discutiendo actualmente en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

2. La propuesta, en primera instancia, hace un cambio de espíritu que no estaba contemplado en el proyecto aprobado en primera discusión, ya que convierte a una Ley Orgánica que norma los aspectos de definición y funcionamiento del sistema educativo, en una Ley Marco que contiene unas disposiciones generales y deja el desarrollo de la normativa en manos de leyes especiales y si bien, las leyes especiales también deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional, como instrumentos jurídicos no tienen el rigor de las leyes orgánicas, específicamente en cuanto al quórum que requieren para aprobar el articulado.

3. En cuanto a los detalles de forma, es importante resaltar la observación hecha por la Diputada Medina. El documento se entregó a los diputados, sin la antelación correspondiente que les permite estudiarlo para poder participar con propiedad en la discusión, lo cual viola el reglamento de interior y de debates de la Asamblea Nacional.

4. Y finalmente sobre la forma, es importante precisar que es más que obvio que el proyecto entregado a la Comisión de Educación, es un borrador de trabajo. Esto se nota claramente en su estructura, en la que se omiten, al menos, el Capítulo I del primer título y el Título II completo. Además, en la versión que pude conocer, hay unos elementos agregados y resaltados en rojo, lo que denota que está siendo sujeto a revisión y modificación.

III.2. Las consideraciones: en cuanto al fondo

1. El documento, como era de esperarse, plantea en su primer título algunos conceptos y principios que permiten definir a la educación y al sistema educativo. Sobre algunos de ellos es importante precisar que:
1. Se establece el objeto de la ley, el cual, en términos generales se ajusta al ámbito que le compete a un texto de esta naturaleza. Sin embargo, parece tener un problema de redacción, ya que la ley puede desarrollar los principios rectores de la educación y decir que el Estado la asume “como función indeclinable y de máximo interés” (frase tomada textualmente del artículo 102 de la Constitución), pero no puede decir que desarrollará los derechos, garantías y deberes de la educación, sino que desarrollará los derechos, garantías y deberes educativos de los ciudadanos, ya que son los ciudadanos los sujetos de derecho y no la educación, esta es sólo una materia en la que se establecen derechos, garantías y deberes en el texto constitucional que deben ser desarrollados en la ley orgánica que rige la materia.
2. Adicionalmente, en la definición del objeto de la ley se establece que ésta se desarrollará “de acuerdo a los principios constitucionales y orientada por valores éticos humanistas para la transformación social”. Al respecto, es importante precisar que es absolutamente correcto decir que la ley desarrollará los principios y los derechos, garantías y deberes relativos a la educación de acuerdo con los principios constitucionales, pero no lo es, afirmar que ellos se orientarán “por valores ético humanistas para la transformación social”, ya que, los valores que deben orientar lo que establezca esta ley, son los contenidos en el texto constitucional en su primer título que es el que recoge los “principios fundamentales” (artículos del 1 al 9) y en los artículos del capítulo relativo a los “derechos culturales y educativos”. En ninguno de esos artículos se hace mención específica a los “valores ético humanistas para la transformación social” y si se mencionan explícitamente como “valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación (del Estado venezolano), la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (artículo 2). Este último, el pluralismo político, es desarrollado en el marco de los “derechos culturales y educativos”, específicamente en el artículo 102, cuando se establece que la educación “está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento”. Esta precisión se hace imprescindible, debido a que, puede sonar muy bonito o ser un propósito muy noble el que la educación sea orientada “por valores éticos humanistas para la transformación social”, incluso, puede formar parte de la tradición de un grupo de educadores del país, pero se trata de una disposición que circunscribe a la educación a un ámbito de ideas específico, lo cual resulta violatorio de lo establecido en el texto constitucional.
3. Se registra un cambio en el ámbito de aplicación de la ley, con respecto a lo aprobado en la primera discusión, ya que este se amplía de las instituciones y organismos que conforman al sistema educativo a toda la sociedad en su conjunto, lo cual es absolutamente natural, debido a que en el texto se regulan aspectos que atañen a instituciones, organismos y personas que no forman parte directa o formal del sistema educativo.
4. Es importantísimo señalar, en este artículo (2), que se retoma la lógica estructura del Estado establecida en la Constitución reconociendo a las instancias estadales y municipales con las escuelas bajo su dependencia, así como la existencia de las instituciones educativas de gestión privada.
5. En el artículo 3 de la propuesta, el relativo a los principios y valores rectores de la educación, en lugar de presentarse un enunciado claro y estructurado de principios y valores, se presenta un listado de términos, sin orden ni estructura, de diferente naturaleza, que parece lista de mercado. Esto lo señalo con toda seriedad. La naturaleza de lo que se pretende recoger en este artículo amerita más trabajo y mejor definición. Además, amerita la selección de aquellos principios y valores que se consideren efectivamente como los rectores de la educación y los principios deben estar redactados como tales y no como un puñado de términos inconexos.
6. El artículo 4 presenta una definición de Estado Docente, que, como se deduce de las notas resaltadas en el texto, aún se encuentra en debate y por tanto, se espera que no tenga esa redacción como definitiva, ya que, poniendo a un lado los comentarios que se puede hacer sobre el fondo, el mismo requiere que la redacción sea corregida y no se trata de una corrección de estilo precisamente. En este se define a la educación como un derecho humano universal, como un deber social fundamental, inalienable e irrenunciable y como un bien público. Estas definiciones deben pasar a formar parte de un artículo precedente que bien podría ser el que recoge los principios rectores, pero no debe formar parte de la definición que se haga del Estado Docente. Sin embargo, sobre ellas, específicamente sobre las dos primeras, cabe decir que lo establecido en la constitución es que la educación es “un derecho humano universal” y “un deber social fundamental”, los adjetivos asociados a estos términos resultan redundantes en materia de derechos humanos y pueden ser suprimidos.
7. Con respecto a la definición de Estado Docente contenida en este artículo, se establece el carácter rector del Estado en la educación y que éste, su carácter rector, se expresará garantizando las condiciones de desarrollo del proceso educativo en las instituciones oficiales y velando por el cumplimiento de las mismas en las instituciones privadas. Esta es una definición que se ajusta no sólo a lo establecido en la Constitución sino que es la misma que se encuentra en la Ley Orgánica de Educación vigente. Sin embargo, se queda corta con respecto a lo establecido en la Constitución en su artículo 103 que adicionalmente compromete al Estado a crear y sostener instituciones educativas con el propósito de garantizar tanto el acceso, como la permanencia y la culminación en el sistema educativo. Esta precisión es sumamente importante, debido a que, como es por todo el país conocido, la oferta educativa actual, no permite que se cumpla con la obligatoriedad de la educación, ya que, a medida que se avanza en el sistema educativo, se restringe la oferta, resultando que quiénes culminan con éxito el sexto grado tienen restricciones de acceso por déficit en la oferta educativa, en el séptimo grado y lo mismo sucede en el paso entre el noveno grado y el primer grado de educación media.
8. Por otra parte, la definición de las responsabilidades del Estado con respecto a las instituciones educativas oficiales, presenta un problema conceptual. En el texto se dice que los servicios educativos deben asegurar a todos “igualdad de condiciones y oportunidades” y es más que evidente que si se asegura la igualdad de condiciones, no se logrará la igualdad de oportunidades y viceversa, si se asegura la igualdad de oportunidades, esta no corresponderá a un servicio que se brinde en igualdad de condiciones. Sin embargo, esta contradicción del texto de la propuesta, es heredada de la misma contradicción presente en el artículo 103 de la Constitución. Por lo que, al tener un problema de origen, el texto de la Ley debe tratar de desarrollar lo establecido a nivel Constitucional, preservando el derecho de una educación integral, de calidad y permanente para todos que es el propósito del enunciado de ese artículo, en lugar de repetir la redacción conservando el contrasentido de la frase.
9. Finalmente, en este artículo se establece como parte de las garantías que corresponden al Estado en su función rectora “la promoción de la participación protagónica de las familias, la comunidad educativa y las organizaciones comunitarias, de acuerdo a los principios que rigen la presente Ley”. En este enunciado no queda claro a qué se refiere la promoción de la participación protagónica de las organizaciones comunitarias en las instituciones educativas oficiales, ya que, en los principios constitucionales esta no se establece, tampoco se establece en los artículos relativos a los derechos culturales y educativos y ni siquiera se puede deducir del listado de principios y valores rectores que contiene el proyecto en su artículo 3.
10. El artículo 5 que contiene las competencias del Estado, es uno de los puntos centrales de atención de esta propuesta. En él se establecen los límites de la actuación del Estado a través de los diversos órganos que tengan competencias en educación. En este caso, cabe resaltar que se mantiene la idea de una estructura que respete el carácter descentralizado que establece al Estado la Constitución nacional. Sin embargo, se trata de un artículo largo, complejo y abundante en verbos que merece ser analizado con mucho detenimiento. Como parte de las competencias del Estado, se establecen algunas cosas que éste debe garantizar, otros que regula, supervisa y controla, más otros que planifica, ejecuta y coordina, pero también se precisa su rol como promotor y facilitador de la participación social y como promotor de la integración regional y “universal”. Como se trata de un artículo muy largo y complejo, sólo llamaré la atención sobre algunos de sus ordinales:

i. En su primera parte, se establece que el Estado debe garantizar el pleno ejercicio del derecho a una educación integral, permanente y de calidad, sin discriminación y que será gratuita en todas las instituciones oficiales. Los ordinales en los que establecen esto parecieran apuntar a garantizar la inclusión total en el sistema educativo. Sin embargo, el ordinal siguiente, está dedicado a garantizar la permanencia de las misiones educativas “como una estrategia de inclusión social”. ¿Esto significa que, no importan todos los esfuerzos que se hagan en el sistema para garantizar educación de calidad para todos, la exclusión será una constante del sistema educativo, para lo que se requiere de un mecanismo compensatorio o sistema paralelo que permita solventar parcialmente, pero de forma permanente, una presunta falla estructural del sistema? ¿Esto también significa que los primeros ordinales de este artículo, nunca van a apuntar a que el país asuma como metas 100 % de cobertura y reducir la expulsión del sistema a 0, porque el Estado no podrá asumir los compromisos que surgen en consecuencia, porque este debe garantizar la permanencia de las misiones? El empeño de algunos funcionarios del gobierno por dar reconocimiento y rango legal a las misiones, hacen que se planteen disposiciones que rayan en lo absurdo, como esta.

ii. Entre las cosas que el Estado debe garantizar, se encuentra una que, tal como está redactada, puede utilizarse para violar el derecho a la protesta de estudiantes y docentes. Lo copio textual para que lo vean: La continuidad de las actividades educativas, en cualquier tiempo y lugar, en las instituciones, centros y planteles oficiales nacionales, estadales, municipales, entes descentralizados y las instituciones educativas privadas.

iii. El ordinal relativo a los medios de comunicación en la sección de las cosas que debe garantizar el Estado, mejora con creces lo establecido en la Ley Orgánica vigente. (Las condiciones para la articulación entre la educación y los medios de comunicación, con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad para hacer preguntas y construir mediaciones de forma permanente entre las familias, la escuela, y la comunidad) Claro, esto está matizado en el ordinal “c” de la sección 4, cuando habla de que este rol del Estado se desarrolla también “universalizando y democratizando el acceso a los Medios de Comunicación”

iv. Si bien, en la primera parte de este artículo, es decir, la que establece lo que el Estado garantiza, se habla del pleno ejercicio del derecho a una educación integral, permanente y de calidad, no se establece por ninguna parte la obligatoriedad del Estado a prestar el servicio o a garantizar que se preste en cantidad suficiente acorde con la magnitud de la población, pero en la segunda sección, en la que se establece lo que el Estado regula, supervisa y controla, el primer ordinal está dedicado a decir que éste establecerá los mecanismos para “exigir” que “la comunidad, familias, padres, madres y representantes”, cumplan con el deber social. Y está muy bien que el Estado vele por el cumplimiento de ese deber, pero primero tiene que garantizar el derecho, si no lo garantiza en cantidad suficiente como para que toda la población pueda disfrutar del mismo, no puede obligar a nadie a cumplir con él.

v. En este mismo orden de ideas, en un próximo ordinal, en esta misma sección, el Estado regula, supervisa y controla, la creación y funcionamiento de las instituciones educativas, pero no garantiza su creación y funcionamiento en cantidad suficiente de acuerdo a la demanda de la población.

vi. En sus competencias, este artículo, añade a las existentes, varias que restringen la libertad de gestión de las instituciones educativas privadas, así como el poder de los padres para tomar decisiones en materias relativas al financiamiento y por tanto, características de la oferta educativa de ese tipo de organizaciones. Resaltan: la regulación, supervisión y control de los procesos de ingreso, permanencia, ascenso, promoción y desempeño de los docentes, la idoneidad académica de los mismos, en el Subsistema de Educación Básica, la gestión de estas instituciones “con la participación protagónica de toda la comunidad educativa” y “el régimen de fijación de matrícula, monto, incremento, aranceles y servicios administrativos que cancelan las estudiantes y los estudiantes o sus representantes en las instituciones educativas privadas” prohibiendo la existencia de figuras complementarias a la organización educativa, ya que las mismas son vistas y previamente catalogadas como, mecanismos “para ejercer coerción, en la cancelación de montos superiores a los establecidos por el órgano rector y demás entes que regulan la materia”

vii. En la sección siguiente, la relativa a la planificación, ejecución y coordinación de políticas y programas se hace un listado de todas las cosas que el Estado planifica, pero se mezcla con el concepto que esperan tengan algunos de los programas que éste adelantará. Esto incluye la actualización curricular, en la que no se menciona la participación de la sociedad en la discusión de la misma (no se menciona en esta sección ni en la siguiente, relativa a la participación); los términos del tipo de formación que se persigue, en los que se habla de la incorporación de las personas al trabajo “productivo, coorperativo y liberador”, prefigurando una cualidad del trabajo productivo restringida a esquemas de organización cooperativos; la mención a un nuevo modelo de escuela que está “definido” como un espacio “abierto” para una gran cantidad de cosas que si se hacen como derivación del trabajo pedagógico, pudieran tener cabida, al menos parte importante de ellas, pero que si ellas son el punto de partida para definir el rol de la escuela, harían que se perdiera el centro educativo que debe tener este tipo de organización. De igual manera se incluye entre los ordinales de esta sección, uno que contiene una extensa lista de términos con los que se pretende describir el tipo administración educativa que se quiere alcanzar, pero como en las otras disposiciones en las que lo que se establece es una larga lista de cosas, esta carece de orden y concierto y debería reducirse y expresarse de forma más concreta para que sirva realmente como referencia útil para su instrumentación.

viii. En esa misma sección se establece como competencia del Estado la formación de los docentes, pero también de todas las organizaciones que participan en la educación (esta disposición no se entiende, salvo que se trate de establecer un programa de formación permanente, por ejemplo, de los padres, o de los medios de comunicación, que son personas y organizaciones que participan en la educación, tal como se precisa en ese ordinal); el establecimiento con rango de ley de la municipalización de la educación universitaria y el ingreso de los estudiantes de las instituciones oficiales y privadas en este nivel del sistema (por cierto, que llama la atención el que se hable, en el ordinal relativo al ingreso de los estudiantes, de instituciones “nacionales” en lugar de oficiales, dado que se apuesta por la política de “municipalización”.

ix. Finalmente, en esa sección se encuentra un texto, resaltado en rojo (en la versión que a mi me llegó) que dice al final “revisar” en la que se establece que el Estado llevará a cabo programas y políticas que “que desarrollen el proceso educativo en instituciones oficiales y privadas, nacionales, estadales, municipales, entes del Poder Público, medios de comunicación, instituciones universitarias públicas y privadas, centros educativos que funcionen en entes descentralizados e institutos autónomos”, que, honestamente, y muy respetuosamente, no dice nada y puede decir cualquier cosa, por lo que se requiere, que en la revisión que se sugiere entre paréntesis, se incluya la precisión de esta disposición.

x. La promoción y facilitación de la participación social, que está desarrollada en la cuarta sección de este artículo, se restringe a la gestión educativa, se desarrolla a partir de las instituciones educativas, e incluye la contraloría del funcionamiento del sistema, pero no incluye la formación de las políticas públicas tal como reza en el artículo 62 de la Constitución.

xi. En su última sección, este artículo desarrolla las competencias del Estado en materia de integración cultural y educativa, en los ámbitos regionales y “universales”(¿?) En ella, establecen algunos elementos que llaman poderosamente la atención. El primero de ellos es que se promueve el intercambio, para fortalecer la identidad de nuestros pueblos “latinoamericanos, caribeños y africanos”. Además, se habla de la integración privilegiando “una relación geoestratégica con el mundo” y de la creación de un “nuevo orden comunicacional para la educación”. Obviamente, cónsona con la visión que tiene actualmente el gobierno, de su rol estratégico en la integración regional y en la creación de un nuevo orden mundial, se colocan frases en la ley que pudieran facilitar algunas iniciativas del gobierno en ese campo, pero que se encuentran totalmente descontextualizadas en esta propuesta de ley.

Hasta aquí los comentarios de esta primera entrega. En unas horas, un nuevo avance.

Olga Ramos (olgaramos62@gmail.com)

Asamblea de Educación (asambleadeducacion@gmail.com)

6 de agosto de 2009